- El Gobierno regional ya dijo que este tipo de instalaciones son “compatibles” con el turismo en las áreas rurales
La Viceconsejería de Medio Ambiente ha publicado una Resolución por la que otorga autorización ambiental integrada para la construcción de una macrogranja porcina en la localidad de Almendros (Cuenca) con capacidad para 2.685 cerdas con lechones de hasta 20 kilos y a unos tres kilómetros del Parque Arqueológico de Segóbriga.
El titular de la explotación es la Sociedad Icpor Soria, SL - empresa integradora de la conquense Incarlopsa- y su proyecto incluye la puesta en marcha de un horno incinerador de cadáveres, con una capacidad máxima de 50 kilos por hora que, según la Resolución de la Junta castellano-manchega “cremará cadáveres generados exclusivamente en esta explotación”. El destino final de las cenizas del horno incinerador de cadáveres será un “vertedero autorizado o la mezcla con los purines generados en la explotación para su valorización como abono”. La explotación necesitará, además, 10.741 metros cúbicos de agua al año.
Para Carlos Gómez, portavoz de Stop Macrogranjas Pueblos Vivos atribuye la necesidad de esta incineradora a la “descomunal mortandad” de los animales, en particular los lechones“ por las lamentables condiciones” en las que se encuentran. “Para que una incineradora te salga a cuenta tienes que echar cadáveres por un tubo”, sostiene.
Ecologistas en Acción de Cuenca presentó numerosas alegaciones a este proyecto. No solo por su emplazamiento, a tres kilómetros de Segóbriga sino por su cercanía a Uclés, al castillo de Puebla de Almenara, a las minas romanas de Lapis specularis (todos ellos núcleos turísticos) y también a la Hoz del Cigüela o a la Laguna de El Hito, zona de protección para aves.
Cuestionaban la gestión de los purines, el plan de abonado descrito “ficticio e inviable, respecto al estudio agronómico de aplicación a parcelas y cultivos, y distancias a cauces en zonas vulnerables”, la posible salinización del suelo por aplicación continuada de purines, “con pérdida de fertilidad y problemas de fitotoxicidad por metales pesados y lixiviación o percolación de los acuíferos, la afección a los recursos hidráulicos, la contribución al efecto invernadero (metano y óxido nitroso) ”con posible afección de los compuestos nitrogenados sobre la salud de las personas“
Al margen se apuntó el “efecto permanente y negativo de olores a la población”, la afección sobre infraestructuras por el paso de vehículos de gran tonelaje en vías de titularidad municipal y provincial. De hecho, el acceso a la explotación se realizará a través de un camino que conecta con la carretera local CM-3011 por la que se prevé “el trasiego de camiones de pienso, de lechones, de cerdas de desvieje y cubas de purines”. En general, Ecologistas en Acción criticó la valoración “muy simplista” de los impactos realizada por el promotor.
La Junta, sin embargo, recuerda en su Resolución que el promotor presentó el 6 de septiembre de 2017 en el Ayuntamiento de Almendros, la respuesta y justificación a las alegaciones planteadas, incorporándose al estudio de impacto ambiental alguna de las medidas preventivas y correctoras planteadas por las administraciones consultadas “que son poco significativas, justificando asimismo el promotor las alegaciones planteadas por Ecologistas en Acción de Cuenca”.
ASAJA pide “excepciones” a la Junta en el tratamiento de purines
Y mientras proliferan las solicitudes, y también las autorizaciones, de este tipo de explotaciones en toda la región, ASAJA de Castilla-La Mancha ha pedido a la Consejería de Agricultura que permita “excepciones” a la hora de gestionar y aplicar purines y estiércoles sólidos “para evitar un considerable incremento de los costes de producción para agricultores y ganaderos”, así como la imposición de multas y sanciones o recortes y pérdidas del importe de la Política Agrícola Común (PAC).
Y es que la nueva normativa para España establece que los beneficiarios de pagos de la PAC no podrán aplicar purín en las superficies agrícolas mediante sistemas de plato o abanico ni cañones. “La normativa nacional establece que las comunidades autónomas pueden aplicar excepciones, atendiendo a las características específicas de las superficies afectadas, incluidas las condiciones orográficas y climáticas, u otros motivos”, argumenta ASAJA. La organización agraria también quiere excepciones para el requisito de enterrar los estiércoles sólidos después de su aplicación en el menor plazo de tiempo posible.