La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cuenca ha concretado, en primer lugar, desestimar la demanda que había realizado la empresa Tecnología de Servicios Construidos S.L. por la que pedía al Ayuntamiento 1'8 millones de euros, y por otro, llevar a los juzgados la gestión del alcalde anterior de la ciudad, Francisco Pulido, ya que fue quien firmó dicho contrato sin conocer los órganos de control municipal.
La Fiscalía debe ahora analizar si existe actividad ilegal de Pulido por tramitar ese documento cuando lo había firmado sin cumplir con los cauces legales que debe seguir. Por un lado se pretende cubrir de responsabilidad al actual gobierno local que no pagará esos 1'8 millones de euros porque no se concedieron de forma legal y el contrato ha sido declarado nulo de pleno derecho, y después investigar las cuentas y operaciones del anterior gobierno local.
Estos casi 2 millones de euros procedían de la adjudicación a la empresa de la restauración de la Casa del Agua de la ciudad y también de su futura explotación. De hecho el actual gobierno local no ha tomado la iniciativa por su cuenta: los informes de la Intervención General de Fondos del Ayuntamiento y la Secretaría General del mismo son los que han alertado de las irregularidades y en sus informes señalan que “no es competencia del alcalde el aprobar gastos para futuras partidas presupuestarias, sino del Pleno del Ayuntamiento”. Es decir, el alcalde aprobó individualmente ese contrato sin llevarlo al Pleno local como debe hacerse y sin asignar tampoco partida presupuestaria de gasto en los presupuestos futuros. La adjudicación de la explotación del centro era por 10 años, años en los que el Ayuntamiento debía pagar una cantidad a la empresa por su explotación: sin embargo ese dinero no estaba consignado en la proyección de los presupuestos futuros.
Ni siquiera el anexo del contrato cumple la ley: no se aprobó por el órgano de gobierno local por los trámites de la Ley de Contratos del Sector Público. Las múltiples irregularidades en todo el proceso y forma del contrato hacen que sea ilegal completamente. En los presupuestos no aparecen ni gastos, ni ingresos, ni gastos de explotación, ni proyección presupuestaria.
El informe de Intervención de hecho indica que “el contrato es un perjuicio para el Ayuntamiento bajo una apariencia de legalidad, y el Ayuntamiento debe reclamar a quien lo firmó”, es decir, Pulido, el anterior alcalde, señalando además que el contrato puede considerarse “un ilícito penal”.
El gobierno local ha exigido la dimisión del ahora concejal del PP Francisco Pulido, firmante de dicho contrato cuando estaba en el poder así como ha anunciado que llevará el asunto a la justicia para depurar las responsabilidades legales que considere la justicia.