Memoria, dignidad, justicia y democracia. Con este espíritu nacía la iniciativa política auspiciada por los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Guadalajara, PSOE y Ahora Guadalajara, para crear un espacio de memoria en el cementerio, en honor de las víctimas del franquismo que fueron fusiladas en Guadalajara después de la Guerra Civil. Casi un millar de represaliados por defender la legalidad de la República, acabaron enterrados en las fosas comunes del camposanto alcarreño, acusados en su mayoría de adhesión a la rebelión, según la investigación histórica desarrollada por el Foro por la Memoria de Guadalajara, a través de los datos recogidos en los libros del cementerio.
Seis meses después de que se aprobase la moción de memoria democrática en el Pleno, gracias al respaldo de los grupos socialista, Ahora Guadalajara y Ciudadanos, poco se ha avanzado. El equipo de Antonio Román, que votó en contra de la proposición, no ha cumplido por el momento con los compromisos que adquirió con el resto de los partidos para dignificar públicamente la memoria de las víctimas de la dictadura en Guadalajara.
En concreto, el texto proponía la colocación de una placa colectiva con el nombre y lugar de origen de las 977 fallecidos debido a la represión franquista que fueron enterrados en el cementerio municipal bajo la inscripción del mensaje ‘Por la libertad, la justicia y la democracia’.
Así mismo, la moción recogía la instalación de otra placa en recuerdo de las 300 personas sepultadas en el área del cementerio civil y un monolito con un plano que informara a los ciudadanos sobre los lugares donde se enterraron a los oprimidos por el franquismo en este recinto religioso. También, el Consistorio debía preservar las fosas comunes del Cementerio Civil y del Cementerio Católico y evitar nuevos sepelios en estas zonas.
La reacción del Ayuntamiento se ha limitado a conceder permisos para incorporar placas de memoria individuales solicitadas por familias y colectivos políticos y sociales. Entre ellos se encuentran el Partido Comunista de España (PCE), los sindicatos CNT, Comisiones Obreras y UGT y el PSOE. Además, otro particular ha realizado una petición de subsanación al Consistorio con el objetivo de localizar nuevos cuerpos en el camposanto y honrarles mediante un distintivo.
Reacciones
Desde los grupos de la oposición coinciden en que la actitud mostrada por el Gobierno municipal “de posicionarse de espaldas a nuestra memoria” denota que “le cuesta condenar el franquismo y reconocer que en ”España hubo un golpe de Estado y una dictadura que represalió a miles de personas por sus ideas democráticas“.
Para Víctor Cabeza, concejal del PSOE, “el alcalde carece de talante democrático y no le interesa recuperar la memoria histórica en la ciudad ni reconocer institucionalmente a aquellos que murieron por defender la libertad”.
En la misma línea se manifiesta José Morales, concejal de Ahora Guadalajara, para el que “la reacción de Román demuestra que la herencia del franquismo es todavía muy alargada como ocurriera con el cambio del callejero fascista de la ciudad”. También reconoce que “se trata de dignificar públicamente a las víctimas de la dictadura, de hacer justicia y construir una memoria colectiva de Guadalajara”.
A preguntas de este medio sobre las razones por las que el Gobierno de la ciudad no ha creado este espacio de memoria democrática en el cementerio, el Ayuntamiento ha declinado hacer cualquier declaración. Durante el debate del Pleno en el que esta moción salió adelante en junio, Armengol Engonga, concejal del PP, afirmó que su grupo se oponía por considerar “excesiva la colocación de placas colectivas e individuales en el cementerio para recordar a los fallecidos, después de que el Ayuntamiento les hubiera dedicado ya un monolito” y para evitar que “el cementerio se convirtiera en un espacio de propaganda de los partidos políticos”.
Por último, Alejandro Ruiz, concejal de Ciudadanos y soporte del Gobierno del Partido Popular, criticó el voto en contra del equipo municipal y argumentó su apoyo recalcando que es “tiempo de normalizar el pasado y cerrar las heridas de muchas familias de víctimas que murieron por defender sus ideas democráticas hace cuatro días”.
Ocho décadas después de la Guerra Civil, las acciones para restaurar la memoria de las víctimas que combatieron al fascismo en Guadalajara han venido por iniciativa privada de agrupaciones civiles de la ciudad. La última fue la promovida por la Agrupación de Familiares de las Víctimas de la Represión Franquista de la Fosa Común del Cementerio de Guadalajara durante la pasada legislatura, cuando reclamó al Ayuntamiento un homenaje institucional por los represaliados – similar a la moción aprobada en junio- que finalmente rechazó el Gobierno de Román, a pesar de que la ubicación del monumento se hubiera financiado con fondos estatales con coste cero para las arcas municipales.
En cambio, el Consistorio situó una piedra voluminosa en un área ajardinada del cementerio con el texto grabado ‘En recuerdo de los fallecidos que yacieron aquí a causa de sus ideas. Para que sirva de memoria a todos los hombres y nos ayude a encontrar los pasos por la senda de la paz; ahora y siempre. Descansen en paz’.
Pero la historia de resarcimiento de la memoria histórica que más controversia social ha causado en Guadalajara fue la exhumación del miembro de la UGT, Timoteo Mendieta, que fue fusilado en la tapia del cementerio capitalino en noviembre de 1939. El proceso se llevó a cabo en cumplimiento de un exhorto de la justicia argentina y sin apoyo de las autoridades locales.
En su lugar, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica condujo los trabajos de exhumación con los que finalmente se hallaron los restos del ugetista de Sacedón y otras víctimas. El Ayuntamiento ordenó entonces el cobro de tasas a este colectivo por el traslado del cadáver para su posterior identificación mediante el análisis del ADN.