Ya ha recibido luz verde por unanimidad la puesta en marcha del nuevo Plan de Choque en Dependencia para 2021 con el que el Gobierno central quiere revertir los recortes sociales que permanecen vigentes en estos servicios y prestaciones sociales desde 2012. Supone un gasto extra de 623 millones de euros para 100.000 dependientes de la lista de espera y la creación de 25.000 nuevos puestos de trabajo. Según datos de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, a Castilla-La Mancha, una de las comunidades autónomas con la que el Estado mantiene una deuda mayor del gasto en Dependencia, le corresponden 35 millones de euros con los que podrá atender a 5.500 nuevos dependientes.
A nivel estatal, con los 623 millones comprometidos para 2021 se incrementa el nivel mínimo a estas cuantías mensuales de forma que quedan establecidas en 60 euros para el Grado I, de 94 euros para Grado II y de 235 euros para Grado III. En total, la aportación del Gobierno de España para dependencia ascenderá a 1.920 millones de euros, lo que supone un aumento del 48%.
Este colectivo detalla que según los últimos datos oficiales, en España hay actualmente 232.243 personas en el “limbo de la dependencia” (aquellos que, a pesar de haberles reconocido el derecho, no reciben atención ni prestación ni servicio). A ellos hay que añadir las 141.556 personas que están pendientes de valoración. Con lo cual, la desatención alcanza a 344.568 personas y el tiempo medio de tramitación de un expediente es de 432 días.
En Castilla-La Mancha, la asociación precisa que el coste anual por dependiente es de 6.360,43 euros. En el limbo de la dependencia ubica a un total de 4.923 personas y hubo un descenso de 2.333 usuarios del sistema durante el ejercicio de 2020.
Listas de espera y tiempos de tramitación
Por ello, añaden los directores de servicios sociales, la reducción de la lista de espera y los tiempos de tramitación debe ser la “absoluta prioridad” del incremento de la financiación. “Deben agilizarse los trámites, simplificar y unificar los procedimientos y evitar los servicios 'low cost', fomentando la creación de empleo”. Consideran así que con los 623 millones de euros se puede conseguir eliminar la lista de espera, lograr la plena atención en once comunidades en este año y reducirla considerablemente en el resto.
“Los gobiernos autonómicos que invierten por debajo de la media nacional deberán incrementar su presupuesto propio para evitar esa desigualdad territorial en el desarrollo del Sistema de la Dependencia”, recalcan. Las diez comunidades que este año han disminuido en número de beneficiarios, concluyen, deben recuperar esa tasa de reposición y se deben ocupar las 15.000 camas en centros residenciales que han quedado vacías desde el inicio de la pandemia, máxime cuando hay 96.351 personas con Grado III y II, en el limbo de la dependencia.