El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado las sanciones impuestas por el Ministerio de Economía y Hacienda en 2010 al que fuera presidente de la Caja Castilla-La Mancha (CCM) Juan Pedro Hernández Moltó. Se trata de de sanciones de inhabilitación y multa por la comisión de dos infracciones muy graves por irregularidades cometidas durante su gestión en la entidad entre 1999 y 2009.
Con fecha 21 de julio de 2010, Economía dictó Orden Ministerial resolviendo el expediente a instancias de la Comisión Ejecutiva del Banco de España de fecha 24 de abril de 2009. El BOE recoge como Moltó presentó recurso contencioso-administrativo contra esta Orden Ministerial y el caso llegó al Supremo que dictó sentencia firme el pasado 14 de diciembre de 2016. En total, supone una multa de 130.000 euros y cinco años de inhabilitación.
La primera sanción supone inhabilitación durante tres años y multa por importe de 85.000 euros por la comisión de la infracción “muy grave” por las “deficiencias” de CCM “en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, incluidos los relativos a la gestión y control de los riesgos”.
Además se impone sanción de inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito o del sector financiero por plazo de dos años más y multa de 45.000 euros por “insuficiente cobertura de los requerimientos de recursos propios mínimos” y que se situaron por debajo del 80 por ciento del mínimo establecido en función de los riesgos asumidos o por debajo de los requerimientos de recursos propios exigidos, en su caso, por el Banco de España y además haber permanecido en esta situación durante al menos menos seis meses.
Estas sanciones son independientes de la condena que la Audiencia Nacional impuso a Hernández Moltó y al exdirector general Ildefonso Ortega de dos años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos en la Administración o en el sector financiero por falsear las cuentas de la entidad, que quebró en 2009 y fue la primera en ser intervenida y nacionalizada.