La brecha de género en el medio rural lastra el desarrollo económico con un coste equivalente al 3% del PIB
La precariedad laboral de la mujer, la desigualdad de género y su infrarrepresentación en la toma de decisiones se están intensificando en el medio rural, especialmente en aquellas regiones que como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón y Extremadura, cuentan con una mayor superficie con estas características: municipios de menos de 30.000 habitantes y con una densidad de población inferior a 100 personas por kilómetro cuadrado. No solo es un hecho sino que esta brecha de género tiene un impacto directo basado en datos. Su existencia lastra el desarrollo económico del país y tiene un coste de oportunidad -es decir, el valor de mejor inversión que no se realiza- de 38.500 millones de euros. O lo que es lo mismo, el 3,1% del Producto Interior Bruto (PIB) del país en 2019, o el equivalente a todo el PIB de Castilla-La Mancha.
Es la conclusión más impactante del estudio 'Coste de oportunidad de la brecha de género en el medio rural', elaborado por el clúster GlosinGap junto a CaixaBank en colaboración con Analistas Financieros Internacionales (AFI) y presentado en Toledo.
Este informe constata que las mujeres en el medio rural se enfrentan a una doble desigualdad. La primera, asociada a su entorno de residencia en cuanto a oportunidades laborales o acceso a servicios. Y la segunda, provocada por el mero hecho de ser mujer. Así, las barreras que genera la primera se ven “magnificadas” cuando interactúan con la variable de género, sobre todo en tres cuestiones: mayor precariedad en el empleo, infrarrepresentación en la toma de decisiones en el ámbito rural y mayor desequilibrio en la conciliación.
A este respecto, la presidenta de ClosinGap, Marieta Jiménez, ha destacado que con esta desigualdad se “lastra” el desarrollo económico y el bienestar de las personas tanto en el entorno rural como en el conjunto de la sociedad. Así lo han remarcado también el director general de Negocio de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz; la directora de Cultura y Desarrollo directivo de la entidad, Anna Quirós; y la consultora de AFI Verónica López Sabater.
De la realidad demográfica a la titularidad agrícola
En el estudio se expone en primer término una realidad demográfica en la que el envejecimiento de la población femenina en el ámbito rural es más intenso que el del hombre, lo que genera una mayor tasa de dependencia: la carga soportada por la población en edad de trabajar para mantener a las personas mayores de 64 años. Esta situación, unida al éxodo rural y la masculinización en el empleo, ha hecho que la temporalidad y la parcialidad de los contratos sean mayores en las mujeres que en los hombres.
Asimismo, desgrana que esta mayor precariedad se da en un contexto de mercado laboral agrícola en el que España ocupa las “posiciones de cola” en Europa en cuanto a la inclusión del talento femenino. Concretamente, es el quinto país europeo con la tasa de actividad rural femenina más baja (73% con una brecha de género de casi nueve puntos porcentuales frente a los hombres); y el segundo con mayor tasa de paro femenino rural (12,9% con una brecha de género de casi tres puntos).
Sin embargo, un dato relevante contrasta con esto último. En cuanto a nivel educativo, el informe desvela que el porcentaje de mujeres del ámbito rural con alto nivel educativo (22,8%) es superior al de los hombres del mismo entorno (15,6%). Aun así, atendiendo al sector agrícola, destaca cómo las mujeres desempeñan en mayor medida ocupaciones más básicas que los hombres y ocupan, en menor medida, puestos de dirección, pese a que los hombres “tienden a realizar tareas para las que no están suficientemente cualificados”.
Con carácter general, de los 1,6 millones de personas empleadas en explotaciones agrarias, el 65,4% son hombres. En el caso de los titulares de explotación, existen en torno a dos hombres por cada mujer. Además, hay aproximadamente tres hombres que son titulares-jefe de la explotación por cada mujer en esta misma posición. La conclusión es que la mayoría de las mujeres titulares no realizan funciones de gestión de su propia explotación.
Por el contrario, una actividad empresarial en las mujeres rurales demuestran liderazgo es el turismo rural, ya que representan el 59,5% del total de personas propietarias de alojamientos rurales, con una tendencia en aumento.
Hasta ahí la excepción, porque la conciliación también sigue siendo una asignatura pendiente en el mundo rural. El estudio de ClosinGap desvela también una brecha de género que supone que las mujeres rurales dediquen más tiempo que los hombres a estas tareas. Es aquí donde se mide el coste de oportunidad que estas tareas generan en 38.500 millones de euros, el equivalente al 3,1% del PIB de 2019.
El teletrabajo y su efecto económico
Otra de las conclusiones del estudio es el potencial del teletrabajo para revertir la despoblación del medio rural. Teniendo en cuenta los datos de personas que emigraron en 2019 del entorno rural al urbano y sabiendo el porcentaje de población ocupada que teletrabajo en 2020, se estima que 13.300 personas podrían retornar al mundo rural al facilitarse esta modalidad de empleo. Eso generaría, apunta el informe, un efecto económico de 170 millones de euros, el equivalente al 0,3% del PIB de una comunidad autónoma como Castilla y León, con gran presencia de municipios rurales.
Sobre los resultados de este informe se ha pronunciado también la portavoz regional y responsable de Igualdad en el Ejecutivo castellanomanchego, quien ha defendido las políticas que se están llevando a cabo en la región “por trabajar de forma intensa en defensa del mundo rural y de las mujeres que en él habitan”. A este respecto, ha citado la Ley de Despoblación, “cuya estrategia se desarrollará en los próximos meses a través de 500 millones de euros y donde se pone el énfasis en el empleo femenino, la corresponsabilidad y la garantía de servicios públicos para evitar que se emigre a la ciudad, afectando más a las mujeres”. En segundo lugar, ha puesto también en valor el 'Plan de Empleabilidad y Digitalización' del Ejecutivo autonómico para 15.000 mujeres “que esencialmente deben vivir en el medio rural y queremos empoderar, formar y especializar”.
En este sentido, la consejera y portavoz regional ha defendido que “cuando un pequeño pueblo se masculiniza se produce la antesala a la desaparición del mismo, porque envejece y muere” por lo que ha puesto énfasis en la estrategia del Ejecutivo autonómico para “apoyar, a través de la empleabilidad, a aquellas mujeres que quieran seguir viviendo en el mundo rural”, reiterando el compromiso de seguir trabajando en esta línea en el futuro.
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