En busca de una “verdadera política de memoria democrática” en Castilla-La Mancha

La dignificación de la memoria histórica está en Castilla-La Mancha 'privatizada'. Y cuando hablamos de 'privatizada' es porque la práctica totalidad de las iniciativas que se han llevado a cabo en los últimos años han sido de fuerte iniciativa privada. Ahora, la Junta de Comunidades ha dado dos importantes pasos para centralizar en el Gobierno regional las medidas que se vayan tomando en relación al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. En primer lugar, el proceso por el que se creará el Consejo Asesor de Memoria Democrática de la región. Y en segundo, a través de un Acuerdo-marco entre la Junta y la Universidad de Castilla-La Mancha para la elaboración del Plan Regional de Estudios sobre la Memoria Democrática.

El Plan, según el borrador actual, estará dirigido por el catedrático de Historia, Francisco Alía Miranda. “Llevamos meses reuniéndonos para impulsar esta herramienta, las ideas de lo que posteriormente será el desarrollo de un decreto”, explica el catedrático. “En Castilla-La Mancha se han hecho muchas actividades y actuaciones respecto a la memoria democrática, pero siempre de la mano de asociaciones privadas. Ahora la Junta se encargará de coordinar estas actividades, en base fundamentalmente al plan cuatrianal del propio Ministerio de la Presidencia”, explica Alía.

El Acuerdo-Marco no lleva ninguna partida presupuestaria asociada, porque se trata, señala el catedrático, de un marco de colaboración. “Los convenios específicos sí llevarán partidas concretas, así como el desarrollo de actividades que se realizarán a partir de lo que el Consejo Asesor considere necesario. Se trata de que la gente presente proyectos que puedan aprobarse en este organismo y que reciban la financiación precisa, que se pueda justificar ante el Ministerio”, asevera. La Universidad tendrá un papel coordinador y asesor, apoyando a la Junta en su nuevo papel de mediador entre las asociaciones memorialistas y el Ministerio, recalca Alía.

Hasta ahora, la Junta de Comunidades ha mantenido un estricto silencio en cuanto a la memoria democrática, incluso en relación al borrador de la nueva Ley que se impulsa desde el Consejo de Ministros. Estas actuaciones son las primeras que se realizan en esta área en los últimos años en Castilla-La Mancha.

“Descoordinación” de la política de memoria histórica

“La nuestra es la comunidad autónoma en la que más se han impulsado políticas de memoria histórica, como la de exhumar fosas”, reflexiona Alía. Esto se debe a la “descoordinación” que ha tenido, pues ha caído en mano de “distintas asociaciones”, valora el catedrático, iniciativas poderosas que han llevado a que, por ejemplo, la provincia de Ciudad Real sea de las “más estudiadas”, gracias al proyecto de 'Mapas de Memoria'. “La provincia es modélica gracias a este impulso”, valora el experto en historia. “Lo que se pretende es coordinar el proceso y que exista una política común, con acciones en conjunto con el Ministerio de Presidencia”, afirma el catedrático.

“No es que no se haya hecho nada, todo lo contrario. Lo que ocurre es que la Junta no tenía casi nada que ver con estas iniciativas particulares, por llamarlas de una manera. Por eso ahora se quiere tomar las riendas y hacer una política sensata”. La Universidad era la institución que debía llevar a cabo esta herramienta, debido a su ámbito regional, explica el docente, y que colaborará también con todas las asociaciones e instituciones de ámbito local que han llevado a cabo trabajos de investigación para que confluyan en una “verdadera política de memoria democrática”.

“Es un papel de asesoramiento, coordinación y, por supuesto, investigación. Son muchos los grupos de investigación que han llevado a cabo trabajos en archivos tanto de guerra, como de posguerra. Se trata de aprovechar las capacidades que existen para vertebrar un sistema que se pueda visitar cómodamente en una página web, que se vierta la información que hasta ahora es mínima”, afirma Alía.

“La Junta no ha hecho los deberes”

El profesor Damián Alberto González es miembro del Seminario de Estudios de Franquismo y Transición. “No podemos más que valorar positivamente esta iniciativa, porque somos una de las últimas regiones que no cuenta con su propia ley regional de memoria. Desde luego, la Junta de Comunidades no ha hecho los deberes y ha sido una dejación de funciones bastante importante, confiándolo todo en la normativa nacional y están muy cómodos cuando no se hace nada”, recalca el docente. “La iniciativa hasta ahora ha sido cero”, señala.

En cuanto al borrador que está disponible, señala que es una “declaración de intenciones” que todavía debe dotarse de contenido. “Pero es muy positivo que haya un compromiso por primera vez para la exhumación de fosas, la divulgación de los hechos de la dictadura y, sobre todo, con la transmisión de conocimiento científico”, recalca. Y es que, concluye, son miles las víctimas en la región que esperan todavía a ser dignificadas.