Contra las decisiones del Gobierno de la Junta de Comunidades, cacerolas. Así lo han decidido los sindicatos convocantes de la manifestación: Comisiones Obreras, C-SIF, UGT y el Sindicato de Trabajadores de la Administración. Una centena de personas se han juntado a las puertas de la Consejería de Agricultura con cacerolas y elementos de ruidos para señalar a la Junta por el retraso en acatar la sentencia judicial que le dicta a readmitir a los 391 interinos despedidos ilegalmente en agosto de 2012.
Propios funcionarios de la Administración en activo se han sumado también a la 'cacerolada' contra el Gobierno de Cospedal. Lo han hecho indicando que ya que la presidenta no escucha sus peticiones ni las sentencias judiciales, que al menos escuchen sus protestas y sus cacerolas. Y no será la primera 'cacerolada' que se haga: para el viernes habrá otra más y el sábado una manifestación en Toledo por el empleo público que les ha sido arrebatado.
El lunes se concentrarán en Albacete para pedir al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que se defienda sus derechos por la negativa de Cospedal de cumplir la sentencia. Será el día previo a que el plazo puesto por la justicia acabe y también el día previo para el que la Junta ha convocado una Mesa Sectorial en la que espera acatar la sentencia primero readmitiendo a los despedidos, y despedirlos minutos después (pudiendo recaer en una 'readmisión temeraria' así como 'mala fe', hechos que se sumarían a un nuevo proceso judicial que tendría que empezar de cero).
Los sindicatos quieren que esa Mesa Sectorial del mismo día 16 sea declarada ilegal ya que consideran que no existe capacidad de negociación en ella.
La sentencia ya es firme y le quedan 6 días para cumplirla a la Junta. Mientras tanto los sindicatos culpan de todo lo ocurrido a Leandro Esteban, consejero de Administraciones Públicas, a los directores de ganadería y al director general de la función pública, y directamente a la propia Cospedal. A la vez han señalado que si hay tantas listas de espera en los diversos procesos de la Junta es por falta de trabajadores públicos que puedan hacerse cargo de los casos, mientras que con esos 400 trabajadores despedidos (a los que se les sigue pagando y con intereses) “se podría dar un servicio de calidad”, según Gustavo Fabra, secretario del sindicato STAS en Castilla-La Mancha.
“Dos años y medio soportando las más viles mentiras del Gobierno que siguen saliendo gratuitas y ahora la traca final es despedir a los interinos sin querer ni readmitirlos”, según Ramón González, de Comisiones Obreras.
Mientras tanto a todos los castellano-manchegos nos siguen costando estos 400 trabajadores a los que se les debe seguir pagando (por sentencia judicial) y que ya podrían estar agilizando los servicios de la propia Junta.