El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ha informado del “parón” que sufre el VII Plan General de Residuos Radioactivos, debido a la postura en contra del “silo nuclear” que ha adoptado la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Nadal ha asegurado que dicho Plan está preparado, pero que el Ministerio se ha visto forzado a dejarlo a la espera, debido a la intención del Ejecutivo castellano-manchego de declarar una zona de protección ambiental en torno a los terrenos donde se pretende instalar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) en el municipio conquense de Villar de Cañas.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no ha tardado en adjudicarse esta ‘victoria’ y se ha congratulado de la decisión del Gobierno central de retrasar el Plan del que depende directamente el llamado ‘basurero nuclear’ y que debería avanzar en la búsqueda de un emplazamiento geológico definitivo para los residuos nucleares de alta actividad. Además, el Gobierno de Emiliano García-Page lo ha interpretado como que el Ejecutivo español “reconoce que no va a poder” seguir adelante con la construcción de este silo, tal como ha declarado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo.
“Es evidente que si el Gobierno de Castilla-La Mancha no hubiera tomado esa decisión, las obras de ATC se hubieran iniciado aun a pesar de que faltaba el informe de cimentación”, ha explicado Martínez Arroyo, refiriéndose a la medida anunciada de ampliar la Red Natura de la Laguna El Hito, que afecta a Villar de Cañas y los terrenos donde se pretende instalar el silo. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha comunicado también que se opone a ampliar la vida útil de las centrales nucleares y así evitar seguir produciendo residuos.
Si bien está claro que esta medida retrasará aún más la construcción del ATC, a pesar de que la misma Empresa Nacional de Residuos (Enresa) daba por hecho que obtendría los permisos para su construcción a finales de este año, tal como informó su director técnico Álvaro Rodríguez, no es lo único. La obtención de autorizaciones del silo nuclear se ha visto retrasada por la falta de vistos buenos de instituciones claves, como el mismo Consejo Nacional Nuclear (CSN), que emitió su primer informe favorable en julio de este año, mientras que Enresa contaba con haber obtenido esta autorización previa entre enero y febrero de 2015.
Ya en noviembre del año pasado, el mismo CSN cuestionaba lo “idóneo” del emplazamiento elegido en Villar de Cañas, a través de un informe en el que se advertía de “múltiples” carencias encontradas en la documentación presentada por la empresa entonces dirigida por Francisco Gil-Ortega, político “popular” de máxima confianza de Mª Dolores de Cospedal sin experiencia previa en la materia, quien finalmente dimitió de su cargo. El Consejo señalaba entonces un extenso conjunto de propuestas para resolver las “dudas existentes” alrededor de los terrenos en los que se pretendía instalar el ATC. Entre ellas, por ejemplo, pedía información “adicional” en diversos aspectos como la geología o la geoquímica del terreno.
De hecho, Enresa volvió a licitar nuevos estudios para los suelos del ATC, en un concurso de más de un millón de euros. Fue el nuevo presidente del Consejo de Administración de la Empresa pública quien firmó los pliegos, para unos sondeos que debían empezar en septiembre de 2015 y extenderse durante ocho meses. Se trataba de nuevos estudios de “caracterización geotécnica y geofísica”, con mayores profundidades. Al mismo tiempo, el Colegio de Geólogos recordaba la falta de estudios geológicos, algo que, según los profesionales, incidía en la seguridad de infraestructuras de este tipo. De hecho, el Colegio pedía al Ministerio que se tomase el tiempo “técnicamente necesario” para adjudicar las obras.
A pesar de esto, el CSN aprobó un informe favorable para la autorización previa del ATC, eso sí con “límites y condiciones”. El CSN señalaba, sin embargo, que una autorización previa es un reconocimiento “oficial” del objetivo de la instalación y de la idoneidad del emplazamiento de la construcción de la infraestructura. La aprobación se produjo a finales de julio de este año. A principios de septiembre, trabajadores del CSN denunciaron “presiones” a través de una carta de protesta desde la Junta de Personal. En ella, informaban de la apertura de una investigación interna debido a críticas divulgadas a raíz de diversas destituciones en el organismo, que se relacionaron con problemas internos alrededor de la construcción del silo nuclear en Villar de Cañas, según informó la Cadena Ser.
Hace pocos días, el Colegio Oficial de Geólogos denunciaba nuevamente “incertidumbres” en el proyecto del ATC, ya que todavía no se cuenta con los estudios geotécnicos y geológicos del terreno. En este sentido, señalaban que la última adjudicación relacionada con el proyecto, la construcción de edificios, laboratorios e instalaciones convencionales y el Centro Tecnológico Asociado, contaban con un 60% menos que en el presupuesto inicial, mientras que los informes geotécnicos siguen en ‘fase de adjudicación’. En este sentido, los profesionales hacen hincapié en que faltan informes relacionados con los factores de sismicidad e inundabilidad del terreno donde se plantea edificar el silo. El Colegio ha insistido en los sobrecostes que acarrearía tomar decisiones sin realizar previamente los estudios adecuados.