Castilla-La Mancha planea incluir cláusulas de “compra responsable” en sus contratos con empresas

Con las movilizaciones mundiales por la emergencia climática todavía resonando en las calles de todo el planeta, el contexto ahora para afrontar los efectos del calentamiento global parece más favorable. En una cuestión tan ampliamente transversal como la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, el Gobierno castellano-manchego ha puesto el acelerador en esta cuestión con la creación no solo de una nueva Consejería de Desarrollo Sostenible sino también de una serie de direcciones generales muy concretas para darle fuerza a la defensa del medio ambiente como vector de la mejoras sociales.

Ramón Lara, que fue director general de Acción Social y Cooperación en la legislatura pasada, afronta ahora la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo, un área que aglutina un compendio de competencias antes no centralizadas en un solo departamento. El objetivo es llevar a cabo una hoja de ruta para la aplicación en esta comunidad autónoma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de acuerdo a una estrategia-marco ya aprobada pero de la que emanan otras muchas políticas relacionadas con diferentes niveles y sectores de la administración.

Por el momento, el nuevo director general elogia el papel tan “importante” que el Gobierno español está teniendo en la lucha contra el cambio climático y celebra las movilizaciones mundiales. El hecho de que los jóvenes de todo el mundo estén hablando y denunciando sus consecuencias por la acción del hombre resulta “fundamental para la concienciación”. “Tenemos que saber que esto un problema de primer nivel, que no solamente es el paro y la economía, sino que el clima nos afecta en todo, hasta en la salud”. Por eso no duda en calificar estas manifestaciones como un “punto de inflexión” que debe afectar a las acciones de los gobiernos de todo el mundo.

“Ya no se puede negar la mayor. La información es poder. Los informes de los expertos, lejos de alarmar, nos tienen que sensibilizar. No tenemos otro planeta, pero no lo podemos dejar todo solo en manos de los gobiernos; es una cuestión también del tercer sector, de las empresas y de la ciudadanía”. Apela así a una responsabilidad compartida: ni administraciones ni ciudadanía “pueden mirar hacia otro lado”, deben “caminar juntos hacia un consumo responsable” lo que a su vez provocará que las empresas “cambien sus modelos producción”.

¿Es 2030 un objetivo realista?

Aunque las buenas intenciones están más que claras, ¿son los ODS un objetivo realista? Es un compromiso firmado por 193 países que el director general de la Agenda 2030 considera “de suma importancia”. Resalta que, aunque sus compromisos no son vinculantes, los países se han dado cuenta de que “no tenemos mucho tiempo”. “No podemos ser pesimistas. Nos queda una década para implementar una serie de cambios sobre los que los gobiernos debemos dar ejemplo. No podemos decirle a la ciudadanía que no utilice plásticos si las administraciones no hacemos por consumir menos y no incitamos a un cambio de modelo productivo”, precisa.

Ramón Lara destaca que la Agenda 2030 supone una hoja de ruta cuyo aspecto más novedoso es que compagina lo social con lo medioambiental y lo económico. Eso “elimina ese mantra de que defender el medio ambiente es un lastre para el progreso, demuestra que no es así”. Con ello imperará, muy al contrario, el hecho de que “la sostenibilidad del planeta genera puestos de trabajo”. De hecho, pone a Castilla-La Mancha como a ejemplo, donde el sector de las energías renovables, o los trabajos de prevención de incendios, han ayudado a fijar población.

Dentro de las acciones más próximas de esta comunidad autónoma para la consecución de los ODS, está previsto que el Ejecutivo regional modifique el decreto que regula la aplicación de la Agenda 2030. El objetivo es adaptarlo, no solo a la nueva estructura del gobierno, sino también sumar las políticas transversales de todas las consejerías.

Un ejemplo es el ODS número 12, referido al consumo responsable. Es la piedra angular en la que se basan los colectivos civiles que quieren transformar los modelos productivos contaminantes. El cómo hacerlo es otra cuestión. Por ejemplo, para Ramón Lara, el objetivo fundamental en hábitos de consumo es conseguir que la ciudadanía sea capaz de generar el mínimo residuo, siendo partícipe de un modelo de economía circular. “Ese es uno de los grandes retos, que realmente el ciudadano piense que con su acción puede modificar el modelo productivo”. Ahí, la Agenda 2030 “debe ser el verdadero motor de sensibilización ciudadana”. Además, actualmente se tramita en las Cortes de Castilla-La Mancha la primera normativa con rango de ley sobre economía circular en España, que tendrá que desarrollarse después mediante una estrategia regional.

Explica a este respecto que la Administración no puede por menos que ser ejemplarizante en todo este proceso. Por ejemplo, en los procesos de contratación pública. “Es verdad que luego los contratos se ponderan económicamente y no todos pueden tener todas las cláusulas sociales o ambientales posibles, pero sí que es aconsejable que en un contrato de un comedor escolar o de la cocina de un hospital exista alguna cláusula sobre el desperdicio alimentario”.

Hacia la “compra pública responsable”

A este respecto, explica que no es fácil porque hay cuestiones de ámbito jurídico y económico que tienen que ver con ello, pero remarca que la Consejería de Desarrollo Sostenible está trabajando con el departamento de Hacienda en la elaboración de unas instrucciones o un futuro decreto de “compra pública responsable”.

Ahondando en la cuestión del desperdicio alimentario, cuyo decreto de implantación en Castilla-La Mancha se aprobó el pasado mes de marzo, Lara explica que para su desarrollo se va a poner en marcha un foro con participación de las principales distribuidoras de alimentos, las entidades sociales del tercer sector, los bancos de alimentos y organizaciones como Red Alimenta, para estudiar medidas como la elaboración de un distintivo para gestionar los excedentes alimentarios de manera regulada. La idea es hacerlo también extensible a la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) y otras entidades de economía social y conocer así sus necesidades y propuestas.

Actualmente, estudios del INE desvelan que un 42% del desperdicio alimentario procede de los ciudadanos. Es un dato a tener a cuenta para “trabajar también en la concienciación del consumidor”.

Y, precisamente, otra de las áreas que ahora se gestiona junto a la Agenda 2030, es la de consumo. Castila-La Mancha tiene prácticamente recién estrenada su nueva Ley sobre el Estatuto de las Personas Consumidoras. Incluye, entre otras cuestiones, el derecho a un medio ambiente saludable y una perspectiva de género incidiendo en las diferentes formas de discriminación hacia la mujer que se pueden realizar en publicidad o mediante la denominada ‘tasa rosa’.

Queda por delante, según detalla Ramón Lara, un “minucioso” desarrollo reglamentario que también tiene como objetivo promover un consumo “inclusivo”: entre otras acciones el Gobierno trabaja con el CERMI en un programa de compra asistida. “Esperamos que todo pueda desarrollarse durante la legislatura porque para es uno de los ejes centrales de la Agenda 2030”.