Castilla-La Mancha reservará un 6% de los contratos públicos a centros de empleo o empresas de inserción social, según se desprende del acuerdo suscrito entre la Junta de Comunidades y CERMI, la ONCE y FEACEM que este martes será ratificado por el Consejo de Gobierno.
El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina ha explicado que el acuerdo responde al mandato implementado en los Presupuestos de 2016 y al acuerdo que introduce cláusulas sociales en los contratos públicos y que realiza la Administración regional. “Supone avanzar en el principio de solidaridad en la contratación pública”.
El acuerdo supone que determinados servicios que necesita la Junta sean ejecutados por personas que trabajan en centros especiales de empleo o empresas de inserción social. En concreto, un 6% de los cinco millones anuales que destina el Gobierno regional a tareas de mantenimiento de zonas verdes, restauración, servicios de conserjería, lavandería o digitalización documental en el seno de la propia Administración regional. Supondrá 300.000 euros traducidos en empleo para el colectivo de discapacitados.
Esta es una primera fase del acuerdo ya que el objetivo es que “en un par de años” parte de las tareas de mantenimiento y limpieza de los edificios públicos las realicen trabajadores de los centros de empleo o empresas de inserción social. Supondría el 6% de los 27 millones de euros que gasta el Gobierno regional en este concepto.
Unos trabajos que, decía Ruiz Molina, “se van a hacer con los mismos índices de calidad de cualquier otra empresa”. El seguimiento y las modificaciones que se vayan a introducir en este acuerdo, que tendrá carácter “indefinido”, se realizará a través de una Comisión Paritaria con presencia de técnicos tanto de la Administración regional como de las entidades firmantes.
Para José Martínez de la ONCE, medidas como la que se toma esta semana “son un ejemplo claro de contratación pública responsable y política valiente” que, además, pone de manifiesto que el actual Gobierno regional “cree de forma clara y patente en el mundo de la discapacidad”. Ha destacado la iniciativa porque supone “preservar el modelo de centros especiales de empleo”. Un modelo, añadía “muy resistente a la crisis y que cree en el talento que hay detrás de un bastón blanco o silla de ruedas”.
Se trata, según Martínez, de “oportunidades de vida” para el colectivo de los discapacitados. “Se podría optar por pensionar a la gente y evitar que trabajara pero en Castilla-La Mancha se cree en el talento”. La tasa de empleo entre los discapacitados se sitúa en el 38% y “queremos llegar al 50% como sea”. En su opinión, “estas medidas nos van a ayudar”. Ha reclamado, también que los ayuntamientos se incorporen a este sistema.
La presidenta de Cermi, Cristina Gómez Palomo, ha celebrado la medida como “un paso más hacia la consolidación de una sistema de acceso al empleo” para personas con discapacidad porque, dijo, “sin empleo no hay dignidad”. Por su parte, el presidente de Feacem Castilla-La Mancha, Pedro Jesús Sáez cree que la medida cumple una reivindicación del colectivo y supone “un espaldarazo al empleo protegido”.
También ha agradecido el “esfuerzo” del Gobierno regional en el “cambio de modelo” que supone “pasar de las subvenciones a la gestión de nuestro propio empleo”.
“No somos neutrales en la actividad económica”
El presidente regional, Emiliano García-Page, explicaba que el Gobierno de Castilla-La Mancha “no quiere ser neutral en la actividad económica” y recordaba que ya se tomó una “primera decisión simbólica” en los Presupuestos regionales de 2016. Unos presupuestos, decía, “con mucha más alma” en los que se dio “rango de ley a una pauta a seguir en la política relacionada con la discapacidad”.
“Todas las medidas se nos hacen pequeñas a la hora de conseguir la integración plena de estas personas en la vida colectiva” y cree que supone “un paso más”. En este sentido mostró su esperanza en el ejemplo de la Junta sea seguido por parte de otras administraciones y consideró que el acuerdo “tiene altura histórica”. Recordó que en este año 2016 se ha reducido en un 12% el desempleo de las personas con discapacidad en Castilla-La Mancha.