Memoria histórica, un debate que traspasa las fronteras de las comunidades autónomas

La historia de la familia de Enrique Horcajuelo es una muestra de la lucha que supone intentar buscar los restos de los familiares represaliados durante el franquismo. Son más de seis años los que llevan buscando los restos del sindicalista talaverano, que fue fusilado con sólo 28 años en 1942. Es un vía crucis que las familias conocen bien; es lo mismo por lo que pasó Ascensión Mendieta para enterrar a su padre Timoteo en 2017, después de viajar incluso hasta Argentina para que se le escuchase. 

“La gestión y las propuestas que se han hecho en esta legislatura en materia democrática sencillamente han sido nulas. No ha habido ninguna actuación ni por parte del Gobierno regional y de los partidos, con la excepción de Izquierda Unida, tampoco hemos visto ninguna actividad”, critica Xulio García, miembro de la junta directiva del Foro por la Memoria Histórica de Castilla-La Mancha. Puntualiza que es cierto que en los últimos meses, desde el fin de verano, ha habido “más actividad”, pero es algo que cree que sólo tiene que ver con la cercanía de las próximas elecciones autonómicas.

“Con Podemos, ha habido contacto para presentar el anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática regional, pero hemos comprobado que era el mismo anteproyecto que se presentó en 2015 y que fue rechazado sin aportación nueva”, explica García. Dicho documento fue rechazado por el Consejo de Gobierno, porque suponía un “aumento presupuestario”. En este sentido, García critica que ha sido todo “muy precipitado” por parte de la formación morada y además los acusa de querer que los colectivos como el Foro hicieran la Ley.

Por otra parte, y desde la creación de la Dirección General de Memoria Histórica, la Junta de Comunidades ha acudido a reuniones con el Gobierno de España y el director general de Coordinación y Planificación, Eusebio Robles, ha mantenido una “serie de contactos” con las asociaciones memorialistas. Desde el Foro critican también que lo propuesto “no resuelve los problemas necesarios” ni lo que consideran “fundamental” en este sentido.

Entre otras, entender que lo sufrido por “las víctimas del franquismo es una cuestión de Estado” y que una ley regional “no tiene competencias para resolver lo más importante. Entre otras, que las sentencias dictadas durante la dictadura y que sigan vigentes sean anuladas. ”Pero la Comunidad no tiene competencias para ello, y entonces corresponde a la administración central. La ley regional no es la herramienta que nosotros necesitamos“. ”Ha sido bastante decepcionante, sobre todo cuando ha habido cuatro años para desarrollarlo y los contactos han sido sólo en los últimos meses“, recalca. 

Además, reprochan la falta de consenso entre el PSOE y Podemos para poder sacar adelante un texto de estas características. “Deberían ponerse de acuerdo los socios de Gobierno y después trabajar, no presentar un proyecto de ley que no tenga garantías de ser aprobada”, concluye. Sin embargo, también aclara que “la respuesta ante la memoria” debe ser a nivel estatal, porque sino no se resolverán los problemas “fundamentales” que existen al respecto. 

“Devolvamos la dignidad, por favor”

Ana Navarrete, de Podemos, fue una de las artífices del anteproyecto de Ley rechazado. Reconoce que hubo una “especie de reacción” ante el documento por parte de las asociaciones memorialistas y que por eso ahora, al retomar el borrador, se ha llamado a “todos” los colectivos de memoria para ver cómo se podía mejorar. “Nos han trasladado una serie de consideraciones y en el equipo jurídico están analizando los pros y los contras de lo que nos han comunicado”, asegura la también profesora de la UCLM.

Sin embargo, Navarrete coincide que, en efecto, “muchas cosas” no están en manos de las Comunidades Autónomas. “Derogar la Ley de Amnistía no puede hacerlo el Gobierno regional. Por eso, tendremos que utilizar las PNL para instar al Gobierno central”, señala. 

Sin embargo, explica que la idea que tiene Podemos es que una ley regional cubra las necesidades a las que no llega la Ley nacional, temas “urgentes”, como ocurre con las exhumaciones. “El franquismo fue muy eficaz en muchos procedimientos y dejó atado el terror, el miedo a no moverse ni hacer nada. Ahora son los nietos los que están activos, porque los padres o no pudieron o el miedo era excesivo y eso se está notando”, recalca. Aunque sabe que el plazo se queda más bien corto, dado que las Cortes se disuelven en marzo, seguirán adelante porque “llevamos aplazándolo cuarenta años, es un escándalo”.

Por eso, explica la necesidad de que se cree una base de datos de ADN, y que no se vuelvan a desmantelar las dotaciones a la ley, “como ocurrió con Rajoy”. “Si no se trata como un problema de Estado, entonces ninguna administración considerará que tiene responsabilidades y deja de ser un problema colectivo para ser de cada familia”, explica. A lo que añade, “así nos podemos explicar como un país democrático no haya seguido todavía los pasos más básicos”. Por eso, destaca que las asociaciones y colectivos de memoria quieran pedir “los máximos”, pero también señala que se puede “chocar” contra que “nos digan que no hay dotación económica”. 

La ley que plantea Podemos, explica, quiere ayudar a las familias a encontrar y exhumar los cuerpos, pero también a crear espacios de memoria, lugares que puedan restablecer lo perdido y que se devuelva la dignidad a las familias, y también instar al Gobierno a pasos como la derogación de la Ley de Amnistía. “Una ley regional sería la que dice que es el Gobierno regional el que debe organizar estos movimientos, porque sino, no hay organización. Necesitamos un organismo de control”, recalca Navarrete. “Devolvamos la dignidad, por favor”, concluye.

¿Cuál es el papel que puede tener la Comunidad Autónoma?

Eusebio Robles, director general de Coordinación y Planificación de la Junta de Comunidades, ha asistido a los encuentros promovidos por la Dirección General de Memoria Histórica, en los que se ha planteado una modificación de la Ley 52/2007 para estudiar el papel que deben cumplir en la misma las Comunidades Autónomas. “Lo que se busca es la colaboración de las regiones, para lograr una modificación con consenso entre las autonomías, las familias y las asociaciones de memoria”, explica Robles. Y es que, explica, la Ley tiene ya once años y necesita una “adaptación”.

“Se busca un ámbito participativo para que la Ley sea lo más avanzada posible”, explica el director general. De este modo, las administraciones han puesto encima de la mesa las “demandas históricas” de los colectivos de memoria, porque en la Ley de 2007 “muchas de ellas” quedaron fuera. Para ello, se ha tomado ejemplo de las autonomías, como Extremadura, que han aprobado sus propias leyes. “Existen regiones que han abierto líneas de ayudas, pero todos entendemos en realidad que es el Estado el que debe hacerse cargo”, explica. Sin embargo, la propuesta es abrir líneas de convenio con ayuntamientos o diputaciones para que sea “más sencillo” buscar fondos para realizar las  exhumaciones.

Por otra parte, Robles explica que lo que se quiere también es avanzar en el mapa de fosas y también un bando de ADN que debe plantearse a nivel nacional, “y debe ser también una apuesta del Estado”. Por parte de la Junta de Comunidades, señala, se mantendrá la ronda de reuniones que se inició con el Foro por la Memoria y también la colaboración con instituciones como la Universidad de Castilla-La Mancha para ampliar la investigación en cuanto a las fosas comunes.

Academia y financiación institucional 

Julián López García es director del Centro de Estudios de Memoria y Derechos Humanos de la UNED, y uno de los investigadores responsables del proyecto 'Mapas de Memoria', que este año ha publicado sus resultados en el libro 'Para hacerte saber mil cosas nuevas'. El grupo comenzó con su proyecto de identificar a cada uno de los represaliados de la provincia de Ciudad Real hace ya diez años y conocen bien la financiación en temas de memoria histórica, y así como la falta de ella. “Tenemos la perspectiva de haber colaborado con una institución que te da un margen de libertad amplio, como es el Ministerio de la Presidencia”, explica, al haber participado en la fase inicial de las ayudas planteadas al aprobarse la Ley de Memoria Histórica. 

“Se nos permitió trabajar con relativa libertad y sólo teníamos que fiscalizar gastos”, explica. Sin embargo, en el caso de trabajar con instituciones más cercanas, como es el caso de la Diputación de Ciudad Real, el seguimiento ha sido mucho más cercano en los últimos dos años, con reuniones periódicas.“Entramos en el enfrentamiento entre los intereses académicos y políticos que son legítimos, pero a los que es difícil acompasar el paso. Esto hay que resolverlo y ver hasta qué punto puede entrar la política en la orientación de la propia investigación y hasta qué punto los investigadores debemos ser o no sensibles a las sugerencias de este tipo que se nos hagan”, reflexiona el académico. “No siempre son convergentes, claro”.

Además, recuerda también la influencia que puede tener lo que denomina el “ruido global” alrededor de la memoria histórica, que siempre “influye en la lógica política”. Por eso, para López lo “deseable” sería que los Gobiernos regionales encabecen las políticas alrededor de la recuperación histórica. “Lo hemos comentado con la nueva dirección general [de Memoria Histórica] y esta es la manera de trabajar que ellos promueven y aplauden”, asegura el profesor. En este sentido, también en un diálogo triangular entre lo que denomina 'el papel de la represión', los relatos de los familiares y los investigadores y antropólogos. Finalmente, en cuanto a la financiaciación explica que el principal problema recae en que hay que empezar de cero con las posibles convocatorias que se pueden plantear.