En el año 2019, Castilla-La Mancha dejó de percibir del Estado más de 26 millones de euros como consecuencia de los recortes en Dependencia que se llevaron a cabo durante el Gobierno del PP en 2012 y que todavía no se han revertido. Esa es la cifra que apunta el Observatorio de la Dependencia en su XX Dictamen, donde se analizan por comunidades autónomas estos datos de “quebranto” en las políticas de dependencia debido a la deuda que mantiene el Estado.
Según refiere, con ese dinero, el Gobierno castellanomanchego podría haber atendido a 4.362 nuevos dependientes y se hubiesen podido crear más un millar de puestos de trabajo. Además, subraya que en los últimos ocho años el impacto de los recortes estatales sigue en aumento en esta región, acumulando un total de 203 millones de euros.
El estudio de este observatorio, de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, desvela que Castilla-La Mancha vuelve a registrar, por cuarto año consecutivo, un crecimiento de las personas dependientes atendidas, en esta ocasión del 7,51 % respecto al ejercicio precedente. Así, en los últimos cuatro años ha crecido más del 57%, situándose como la segunda comunidad autónoma con mejor ratio de todo el país: 13,81% de las personas potencialmente dependientes atendidas.
Debido a ello, la puntuación obtenida en la aplicación de la escala -según varios indicadores de calidad- es de un 8,6, la mayor desde el inicio del Sistema de Dependencia y la segunda mejor del país. Además, en este último ejercicio, esta comunidad autónoma ha conseguido rebajar la tasa de desatendidos (el denominado “limbo”) del 11% de finales de 2018 al 8,7% en la misma fecha de 2019, manteniéndose muy por debajo de la media nacional.
El Observatorio de la Dependencia también detalla que entre las nuevas atenciones en esta región, más del 70% se han centrado en servicios de proximidad, un incremento sobre los datos del año anterior. Pero este aspecto positivo, añade, se ve “ensombrecido” por un gran aumento de la Teleasistencia, que “viene a compensar un descenso preocupante” en el incremento de Ayudas a Domicilio de años anteriores.
De igual forma, en los últimos años, esta región ha conseguido elevar a casi 39 la tasa de empleos por millón, superando la media nacional situada en 37,3 empleos. Los expertos apuntan que esto ha sucedido, en buena medida, como consecuencia de la apuesta por servicios altamente generadores de empleo, como la menciconada Ayuda a Domicilio que, a pesar de su ralentización en 2019, “sigue siendo la primera prestación de su cartera de servicios”.
Puestos de trabajo y gasto por dependiente
Otro dato significativo del dictamen es que el Sistema de Dependencia genera ya en Castilla-La Mancha un total de 16.018 puestos de trabajo directos, habiéndose creado en los últimos cuatro años más de 6.000 nuevos empleos. Con ello, la región aporta al sistema más de 338 millones de euros, lo que viene a representar el 82% del gasto público, mientras que el Estado aporta 73,5 millones de euros, apenas un 18%.
Por otra parte, el informe detalla que el promedio de gasto por dependiente en Castilla-La Mancha se situó en 2019 en 5.969 euros, lo que supone una nueva bajada en una trayectoria de descenso iniciada en 2014. Señala que esta trayectoria, aunque en menor medida, acompaña a la de la media nacional situada en 6.494 euros y explica que haber reducido las prestaciones de ayuda para familiares cuidadores (PECEF) a niveles por debajo del 18% le permite todavía “tener una cartera de servicios realmente compensada y amónica entre los servicios residenciales, proximidad y preventivos a un coste similar a la media nacional”.
“No obstante, es necesario que Castilla-La Mancha persevere en esa trayectoria evitando las zonas de sombra que se advierten en 2019 como la ralentización del incremento de las Ayudas a Domicilio y la sustitución de estas por Prestaciones Vinculadas al Servicio aun cuando no sea imprescindible”, remarca.
Por último, destaca el observatorio que el Sistema de Dependencia generó en esta región durante el año pasado un total de de 177,5 millones de euros provenientes de las cotizaciones a la Seguridad Social, del IRPF de los trabajadores o recaudación de IVA por los servicios prestados, con una tasa de recuperación del gasto público del 43,06 % del total invertido.