Castilla-La Mancha negará ayudas a empresas rurales sin paridad en sus órganos directivos
Nuevo paso hacia la igualdad real entre hombres y mujeres en Castilla-La Mancha. El Gobierno regional ha puesto sobre la mesa un borrador con el anteproyecto de ley del Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha.
Fue el pasado mes de agosto cuando el departamento de Agricultura abría un proceso de consultas previas declarando su intención de establecer una normativa clara y precisa en este ámbito y ahora el borrador del texto se somete a información pública. En verano recibió las críticas de la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AMFAR) por las fechas elegidas para que las entidades afectadas pudiesen opinar. Otras entidades y sindicatos optaron, sin embargo, por no entrar en más consideraciones y hacer públicas sus propuestas.
Ahora, con un borrador ya elaborado habrá 20 días hábiles de exposición pública (se abrió plazo el 25 de octubre) para que puedan presentarse alegaciones a un texto que se estructura en cuatro títulos y 20 artículos.
El Gobierno regional se autoimpone como principio abogar en sus políticas públicas por la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los distintos órganos de representación y de toma de decisiones en el ámbito agrario.
De hecho, en el texto se especifica que “no se podrán conceder ayudas ni subvenciones a las asociaciones u organizaciones profesionales, empresariales o de otra índole que operen en el ámbito agrario y no tengan presencia equilibrada de mujeres en sus órganos de dirección”. En este aspecto se apunta una excepción que atañe “a aquellas asociaciones u organizaciones que por su naturaleza estén constituidas enteramente por mujeres”.
Además, en las normas reguladoras de ayudas y subvenciones del ámbito agrario se priorizará la titularidad de las mujeres, “siempre que sea compatible con la normativa europea”. La prioridad se aplicará tanto a solicitudes por parte de mujeres de forma individual como a las de titularidad compartida u otra forma jurídica en la que las participaciones sociales en manos de mujeres sean como mínimo del 50%.
Y en todo caso, se añade, cuando las actividades se ubiquen en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, tanto en priorización como en intensidad de la ayuda o subvención “debe preverse un trato preferente”.
La titularidad compartida y la afiliación a la Seguridad Social
Uno de los aspectos más importantes del Estatuto es la promoción y el fomento del acceso de las mujeres a la titularidad de las explotaciones agrarias, bien como persona física, como socia de una entidad asociativa, en régimen de titularidad compartida con su pareja o cualquier otra reconocida por la ley.
De manera especial se quiere fortalecer la figura de la titularidad compartida de las explotaciones agrarias “para que la mujer sea visible”, según destaca el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, lo que se traduce, por ejemplo, en que “figure en los papeles como detentora de los derechos de la PAC y además como explotadora, como agricultora o ganadera, cuestión que hasta ahora es muy problemática para ellas”.
Para conseguir mayor implicación de la mujer en la gestión, la Junta promoverá la colaboración entre las distintas administraciones implicadas tales como Hacienda y la Seguridad Social, para el cumplimiento de los objetivos de esta ley. También se colaborará con el resto de comunidades autónomas y con el propio Ministerio del ramo.
Por otro lado, se trabajará en el fomento de la afiliación de las mujeres agricultoras y ganaderas a la Seguridad Social, estableciendo ayudas y subvenciones destinadas al abono de cuotas para aquellas profesionales que se incorporen como autónomas.
La salud en el trabajo y la corresponsabilidad hombre-mujer
Otro de los aspectos de la norma tiene que ver con la salud en el ámbito laboral agrario que, según recoge el borrador, “requiere el estudio del impacto diferencial de los factores que dañan la salud integral de las mujeres y hombres que trabajan en este sector” y se apunta que se atenderá “especialmente” a la protección de la salud durante el embarazo y maternidad “por su especial importancia para la sociedad”.
Por otra parte, se garantizará una representación “equilibrada” de mujeres y hombres en los órganos de consulta y decisión relacionados con la prevención de riesgos laborales en el ámbito agrario, además de incorporar la perspectiva de género en esta materia.
Otros de los aspectos de la norma se refieren a la corresponsabilidad en el medio rural, es decir, aquellas tareas en las que deben implicarse los hombres, tales como el trabajo doméstico y el cuidado de personas dependientes. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha realizará campañas de información, sensibilización y difusión de los recursos que la impulsen y no descarta promover ayudas o subvenciones en este sentido.
También apunta destinar recursos contra la división sexual del trabajo y anuncia que podrá promover ayudas o subvenciones que fomenten nuevas oportunidades de empleo por cuenta ajena o de autoempleo.
Y es que, el propio Estatuto reconoce que en el ámbito rural “se perpetúan en mayor medida los roles de género, que atribuyen a las mujeres los trabajos reproductivos y de cuidados y la resistencia a los cambios es mayor”. Algo que, añade, “supone un gran obstáculo” que hace necesarias políticas e inversiones “focalizadas” en atajarlo y, de paso, “dar una respuesta a la demanda social que actualmente existe en este sentido y que las administraciones tienen la responsabilidad de atender”.
Obligatorio un módulo sobre igualdad en la formación agraria
El texto normativo también recoge un compromiso de “capacitación y formación en igualdad” en el medio rural y en todo el sector agroalimentario. Y en este sentido obligará a introducir al menos un módulo sobre igualdad en los contenidos formativos que acreditan la capacitación necesaria para la incorporación a la empresa agraria.
Se refiere esta parte del Estatuto al curso de 150 horas que realizan los jóvenes agricultores y que les permite acceder a ayudas públicas para poner en marcha su primera empresa agraria.
De hecho, el texto otorga un papel relevante a la formación. Las mujeres del área rural podrán acceder a ella de forma “prioritaria” a través de “programas específicos de formación” que favorezcan su empoderamiento y profesionalización a través de la investigación, el desarrollo y la formación tecnológica agraria y el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
El Estatuto quiere ayudar a evitar el “grave problema” de despoblación
El Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha no solo sentará las bases de la futura ley que avance en la aplicación del principio de igualdad de trato y oportunidades sino para atajar el “grave problema de despoblamiento” que sufre Castilla-La Mancha, promover el reconocimiento profesional y el acceso a los derechos derivados de la titularidad de las explotaciones agrarias.
Para lograrlo, se pondrá en marcha una Comisión de Seguimiento que analizará el grado de cumplimiento de los objetivos de esta ley. Esta Comisión elaborará un informe anual de evaluación que será difundido a través de la página web de la Junta de Comunidades Castilla-La Mancha y del Portal de Transparencia.
