Son varios los reglamentos en materia de urbanismo que deben modificarse en Castilla-La Mancha para que la tercera parte de sus pueblos, los de menor tamaño, puedan salvar las trabas que en muchas ocasiones encuentran para su desarrollo territorial y económico. Es una situación que la región arrastra desde hace muchos años y a la que ahora el Gobierno regional quiere aportar soluciones mediante un nuevo decreto de modificación urbanística en el suelo rústico, y cuyo texto de líneas generales se encuentra sometido a consulta pública previa.
Esta medida vendría a complementar otras acciones que mantienen objetivos similares, como la estrategia de Inversión Territorial Integrada (ITI) o la Ley de Estímulo de Zonas Prioritarias. La diferencia es que en este caso, hay un claro enfoque local y destinado exclusivamente al ámbito del urbanismo.
Actualmente, la normativa autonómica tiene como base el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU), que también está en proceso de modificación y que procede del año 2010. Junto a esta norma hay varios decretos de reglamentos sobre suelo rústico y de regulación de competencias para la actividad urbanística. Pero ninguno de ellos ha dado soluciones a los pueblos más pequeños con sus particularidades en suelo rústico.
Por ello, uno de los principales objetivos es facilitarles actuaciones urbanísticas que puedan plantearse en los mismos tomando en consideración esas características y necesidades especiales. Concretamente, el nuevo decreto regulará la figura del núcleo de población que, en el caso de Castilla-La Mancha, ha llegado en ocasiones a los tribunales por no estar normalizado de forma unívoca.
Respecto a esta regulación de la figura del núcleo de población en suelo rústico, el Gobierno castellano-manchego explica que el fallo judicial que sirve como referencia, si bien soluciona desde un punto de vista jurídico la cuestión planteada, sirve para denotar los distintos criterios interpretativos que ha habido respecto a esta cuestión. La pretensión es mejorar tal regulación para evitar que puedan producirse nuevas interpretaciones divergentes.
Pero otro problema importante que quiere solucionar este nuevo decreto es la compleja realidad de aquellos municipios que, debido a su pequeña extensión, no tienen un instrumento de planeamiento general urbanístico y que ven dificultado el desarrollo de buena parte de las iniciativas de toda naturaleza, por ejemplo empresariales, que puedan plantearse en sus respectivos términos municipales.
En Castilla-La Mancha, todavía 291 de sus 919 municipios (lo que supone un porcentaje del 31,6%) carecen de un planeamiento general que ordene sus territorios desde un punto de vista urbanístico. Estos datos se traducen en una población afectada de 79.129 habitantes que, en el conjunto de la región, si bien no representan más de un 4,5 % sobre el total, “son merecedores de los desvelos de este gobierno”. Concretamente, del total de estos municipios carentes de regulación, la mayor parte (hasta 129) están en la provincia de Guadalajara; 93 en Cuenca; 50 en Toledo, 10 en Ciudad Real y 9 en Albacete.
El objetivo aquí es procurar, también en el seno de la materia urbanística, una respuesta adecuada a sus necesidades y demandas, más si se consideran las especiales circunstancias en que estas localidades como motor de su desarrollo diario en el seno de amplios territorios de naturaleza rural: alta dispersión, fuerte y constante pérdida de población, y actividades en el medio natural cobran una importancia fundamental.
Las Normas Subsidiarias Provinciales datan de los años 80
Esta carencia de planeamiento general vigente fuerza en estos municipios a reconducir sus iniciativas a instrumentos tan “vetustos y ajenos” al marco normativo como son las Normas Subsidiarias Provinciales, que, por lo general, datan de los años 80 del pasado siglo. Por ello, y a fin de posibilitar pequeñas actuaciones en los núcleos urbanos de estos municipios, la Junta considera precisar una normativa que sirva para atender sus necesidades diarias. En paralelo, la Consejería de Fomento también está preparando una convocatoria de ayudas a pequeños municipios para abordar este tipo de trabajos.
La tercera propuesta responde a cuestiones de mejora del texto normativo, recogiendo innovaciones ya producidas por otras ya vigentes, y a la par tratará de mejorar la coordinación y ejecución de las competencias de diversos órganos autonómicos, principalmente en lo que respecta a las Comisiones Provinciales y a la Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, procurando intensificar y optimizar la labor que ya realizan.
Desde la Federación Castellano-Manchega de Municipios y Provincias han valorado de forma “muy positiva” esta iniciativa de la Junta. Constatan que esos problemas se dan en muchos municipios pequeños y que cualquier instrumento “será bienvenido” para facilitar esa labor. Precisamente, la Federación está preparando para el próximo mes de febrero un nuevo encuentro de 'Urbanismo para Ciudadanos' donde participarán desde alcaldes y concejales hasta expertos en derecho y técnicos del sector.