El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha avanzado que reclamará en la próxima Conferencia de Presidentes Autonómicos del 17 de enero iniciar con el Gobierno de España “un gran debate” para definir la estrategia farmacéutica a nivel estatal. Según ha detallado, se trataría de un nuevo modelo en el que, o participan las regiones, o se reclamará al Estado que abone “al menos una parte” de los costes que supone.
García-Page, que ha recordado cómo uno de los objetivos del Ejecutivo regional y del estado de las autonomías nacido con la llegada de la democracia es “trabajar para la igualdad”, ha reiterado la necesidad de restablecer el Fondo de Compensación Regional entre las comunidades autónomas, con el objetivo de que no existan fronteras en la atención sanitaria entre regiones. De hecho, ha advertido de que las comunidades autónomas “no vamos a soportar durante mucho más tiempo” un sistema mediante en el que el Estado llega a acuerdos “con grandes industrias farmacéuticas” y cuyos costes deben posteriormente asumir los gobiernos regionales.
Asimismo ha recordado que en la cita de la próxima semana en el Senado, reclamará, entre otros asuntos, la eliminación de los límites establecidos actualmente en las ofertas de empleo público que realizan las comunidades autónomas.
Algunas de estas cuestiones las ha ampliado también el vicepresidente regional, quien asiste en Madrid al Comité Preparatorio de esta conferencia. Ha adelantado que Castilla-La Mancha planteará que las comunidades autónomas puedan hacer ofertar públicas de empleo en materias como Sanidad, Educación y Servicios Sociales sin tener en cuenta las tasas de reposición.
Despoblación, financiación autonómica y Tarjeta Social
El vicepresidente regional también ha destacado que Castilla-La Mancha pedirá “el diseño de una estrategia nacional” que afronte retos demográficos a través de un análisis específico sobre los problemas que existen en determinados territorios del país y ha recordado que desde el Gobierno regional se está trabajando, junto a otras comunidades autónomas con la misma problemática, en buscar soluciones que reviertan esta situación ya que tiene una incidencia importante en el coste de la prestación de determinados tipos de servicios.
En este sentido, ha subrayado que Castilla-La Mancha planteará también que se dé “el pistoletazo de salida” para la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas y que se incorpore un debate sobre la sostenibilidad del Estado de Bienestar que está gestionado “básicamente en tres de sus pilares” por éstas.
Otros de los asuntos que Castilla-La Mancha llevará será una modificación del reglamento de esta Conferencia incorporando la necesidad de que la comisión preparatoria tenga facultades de seguimiento de la ejecución de los acuerdos de la Conferencia, además de la creación de un grupo de trabajo para el diseño de lo que ha denominado el Gobierno de España “Tarjeta Social”, así como formar parte del grupo de desarrollo del Real Decreto Ley que ha previsto el bono social en materia de energía y que prevé mecanismos para evitar el corte del suministro eléctrico.