El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), integrado por el Gobierno central y las comunidades autónomas ha aprobado este viernes los nuevos objetivos de déficit para las regiones y que suponen pasar de un déficit del 0,3% al 0,4% en 2018, del 0% al 0,1% en 2019 y registrar equilibrio presupuestario ya en 2020.
Los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de las autonomías para el trienio 2018-2020 suponen una relajación de 1.000 millones para el próximo año y otros 1.000 para 2019. Han recibido el voto en contra de las comunidades autónomas socialistas, entre ellas Castilla-La Mancha, además de Cantabria, aunque Extremadura se ha abstenido. Cataluña no dio su parecer al no asistir ningún representante a la reunión.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas castellano-manchego, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha criticado “la falta de información y la improvisación” del Ministerio de Hacienda y Función Pública en el reparto del déficit entre la Administración central y las comunidades autónomas, que da la razón a Castilla-La Mancha en que esa distribución no se basa en ningún estudio. Y es que en una semana el Gobierno central ha marcado dos líneas distintas a las regiones. Esta última, a la baja.
Ruiz Molina ha recordado que las comunidades autónomas han acudido a una nueva reunión para conocer los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria “sin que hayamos tenido información de por qué se produce ese cambio”. El consejero castellano-manchego aseguró que “si estábamos descontentos con la distribución que hacía el Estado entre la Administración central y las comunidades autónomas del reparto del déficit para los próximos ejercicios y decíamos que no estaba basado en ningún estudio, se nos da la razón, en la medida en que hemos pasado de unos objetivos a otros que parece van a ser diferentes para este año y para el siguiente”.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha manifestado que desde Castilla-La Mancha se sigue considerando que las comunidades autónomas hacen “un esfuerzo muy superior al que realiza el Estado” en la reducción del déficit, lo que justificaría, junto a la falta de información y la improvisación, el voto en contra de la región.
Además, Ruiz Molina ha mostrado sus dudas sobre el acuerdo que “parece ser” ha alcanzado el Gobierno de España con el grupo parlamentario de Ciudadanos para modificar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) “porque es muy probable, también por la información que tenemos de los medios de comunicación, que repercuta negativamente en las finanzas de las comunidades autónomas”.
Sobre este asunto, Ruiz Molina ha subrayado que “es probable que esa décima que quieren ofertarnos a las comunidades autónomas es consecuencia también de la merma en los ingresos que se nos puede producir en el IRPF como consecuencia de un acuerdo que han adoptado y que creemos que afecta negativamente a la recaudación del impuesto sobre la renta en Castilla-La Mancha”.
Fomentar el empleo público es “siempre positivo”
Sobre la Oferta de Empleo Público que hoy se ha aprobado a nivel nacional, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha resaltado que “todo lo que sea fomentar el empleo público siempre es positivo”, al tiempo que ha recordado que fue iniciativa del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado mes de enero, “terminar ya con las tasas de reposición en los servicios públicos fundamentales y, desde luego, que las ofertas de empleo público tuvieran como objetivo bajar la tasa de interinidad”.
En relación con este tema, Ruiz Molina ha finalizado señalando que se han mantenido conversaciones con el Ministerio de Hacienda y Función Pública y, concretamente, con la Secretaría de Estado de Función Pública para que en el conjunto, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, “podamos ofertar muchas más plazas con el objetivo de que en tres años hayamos reducido la tasa de interinidad, en lo que se refiere a sanidad y educación fundamentalmente, a los niveles anteriores a la crisis, que en el caso de Castilla-La Mancha era una tasa de interinidad muy baja”.