El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado aplazar el pago de los tributos, tanto propios como cedidos, gestionados por la Junta. Esto supondrá inyectar durante el mes que está previsto que se prolongue el estado de alarma unos 58 millones de euros a la economía regional, beneficiando a más de 42.000 sujetos pasivos, entre familias y empresas de la región.
Así lo ha detallado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha detallado que se trata de una orden por la que se adoptan medidas excepcionales en el ámbito de la gestión tributaria de la Administración regional. Entrará en vigor mañana con su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y es “un granito de arena para intentar paliar los efectos colaterales de esta crisis sanitaria”.
Esta ampliación en el plazo del pago de los tributos, que era una demanda del sector empresarial, permitirá un doble objetivo, ya que, por un lado, se conseguirá “no retirar de la economía doméstica liquidez de los ciudadanos y de las empresas, tan necesaria para ellos en estos momentos”, y, por otro, se facilitará a la ciudadanía de la región “el cumplimiento de sus obligaciones tributarias”.
Ha recordado que desde el pasado 15 de marzo y durante la vigencia del estado de alarma no se presta atención presencial en las oficinas de la administración regional y, por tanto, de la administración tributaria, lo que puede generar complicaciones en el pago de los tributos. De ahí, la medida acordada.
No obstante, Ruiz Molina ha aclarado que la ampliación de los plazos de presentación e ingreso aprobados mediante esta Orden no supone que aquellos sujetos pasivos que quieran seguir cumpliendo con sus obligaciones fiscales en los plazos ordinarios puedan hacerlo sin ningún tipo de problema, a través del Portal Tributario, en los tributos en los que está habilitado para ello.
Ampliación de un mes desde que finalice el estado de alarma
Entrando en el detalle de las medidas que se recogen en la Orden de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, Ruiz Molina ha explicado que, en primer lugar, se amplía en un mes, a contar desde la fecha en la que finalice la vigencia del estado de alarma, el plazo para la presentación e ingreso de las autoliquidaciones de todos los tributos, tanto propios como cedidos, gestionados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuyo plazo finalice durante la vigencia del estado de alarma.
Además, cuando el plazo original de presentación e ingreso de las autoliquidaciones de estos tributos finalice en los 15 días naturales siguientes a que finalice el estado de alarma, dicho plazo se ampliará también un mes, contado desde que finalice el estado de alarma.
Fundamentalmente, los tributos a los que afecta esta prórroga son el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, tasas y los tributos sobre el juego.
Además, en materia de juego, el pago de la tasa relativa a las máquinas recreativas cuyo ingreso fraccionado se debería realizar entre el 1 y el 20 de abril, se aplaza, pudiéndose realizar entre el 1 y el 20 de julio. De acuerdo con las estimaciones hechas por la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, suponiendo que el estado de alarma se prolongue un mes, el impacto de estas medidas extraordinarias, desde el punto de vista cuantitativo ascenderá a unos 58 millones de euros y afectará a más de 41.000 sujetos pasivos, entre familias y empresas.
Impacto global
De ese impacto global, el 75% de la cuantía y el 98% de los potenciales sujetos pasivos se corresponden con solo dos impuestos, en concreto, el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en el que se estima que podrían prorrogarse 31.400 liquidaciones, por una suma de aproximadamente 36 millones de euros, y el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que beneficiaría a unos 10.000 ciudadanos, por un importe global de unos 7,5 millones de euros.
En cuanto a la prórroga de la presentación y pago de la tasa fija de las máquinas recreativas, serán un total de 231 las empresas que se verán beneficiadas, que podrán prorrogar hasta julio el abono de 8,8 millones de euros, que en una situación de normalidad deberían pagar en abril.
Finalmente, ha indicado que las medidas extraordinarias en el ámbito de la gestión tributaria hoy aprobadas tienen “repercusiones importantes en las finanzas públicas, por cuento suponen un retraso en los ingresos públicos con que se nutre la administración regional, respecto a una situación de normalidad”.