Las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Madrid y Castilla y León han suscrito hoy sendos acuerdos de colaboración en materia de protección de incendios y del servicio de emergencias 112.
Los acuerdos se concentran en establecer una zona de actuación conjunta ante incendios en los cinco kilómetros limítrofes de cada una estas comunidades autónomas de cada una de las regiones y se crea un Mando Único de Extinción (MUE) que se basa en “los principios de eficacia y seguridad”.
También se crea una Comisión Técnica de Seguimiento que se reunirá al menos una vez al año, antes del 1 de junio, para el seguimiento y control de procedimiento de extinción.
Un acuerdo que llega tras la polémica gestión del incendio de Almorox
El acuerdo se suscribe un año después del gran incendio declarado en la localidad toledana de Almorox que terminó saltando a la vecina Comunidad de Madrid y arrasó más de 3.000 hectáreas en once días.
Un incendió que llegó a provocar una bronca entre UGT y la Junta de Castilla-La Mancha a cuenta de la gestión del fuego y el sindicato se personó como acusación particular en la investigación abierta por la Justicia madrileña aunque el caso fue finalmente archivado.
Hoy, García-Page ha recordado que los incendios “no entienden de administraciones autonómicas”. El protocolo en materia de incendios establece un régimen de colaboración, coordinación y cooperación entre la Comunidad de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, para el desempeño de sus respectivas funciones y competencias relativas a la planificación, preparación y respuesta en materia de prevención y extinción de incendios forestales.
Fernández Mañueco ha destacado durante su intervención que firmas como la de hoy es el tipo de noticias que tanto “necesita” España en estos momentos, “noticias que hablen de entendimiento para resolver problemas y ayudar a las personas”, según recoge Europa Press.
Así, ha defendido que estos nuevos convenios van a permitir que la rapidez de respuesta, esencial en la gestión de emergencias y en la lucha contra los incendios, prime sobre las fronteras administrativas, mejorando los protocolos de activación de efectivos existentes y dando un paso más en la colaboración y ayuda mutua entre estas tres comunidades para ganar en eficacia.
Por su parte, Ayuso ha subrayado que estas regiones son un ejemplo de que tres comunidades “gobernadas por partidos políticos de distinto signo se pueden unir y se han de unir en lo importante”, que es representar al país y a los ciudadanos en momentos adversos. A su parecer, “lo importante es salvar vidas y para eso no se entiende que para eso existan barreras administrativas”.
“El Estado de las autonomías está más fuerte que nunca si sabemos trabajar para nuestros ciudadanos y no hacer reinos de taifas en cada comunidad. Si sabemos trabajar y entender el sentido de familia, de un mismo puzzle que es España, conseguiremos llevar los mejores servicios públicos a todos nuestros ciudadanos que no entienden ni de disputas ni de colores ni de chaquetas políticas”, ha apuntado.
Otro protocolo general para situaciones de emergencia
Además, las tres comunidades autónomas han suscrito un protocolo general para la actuación conjunta en situaciones de emergencia. Este protocolo establece los procedimientos de trabajo en común de las organizaciones de emergencia de cada administración en diferentes materias, siendo una de ellas la coordinación funcional de sus centros 112, que se regirá por un protocolo sectorial.
Este protocolo sectorial tiene su razón de ser, según el Ejecutivo castellanomanchego, “en que hay ocasiones en las que tienen lugar emergencias en el límite administrativo entre regiones” y que “algunas veces las llamadas para alertar de estos incidentes, debido a la orientación de las antenas de telefonía móvil, se derivan automáticamente al centro 112 de la comunidad autónoma limítrofe, en lugar de al de la región desde el que se está produciendo la llamada”.
El objetivo de este protocolo sectorial será mejorar los procedimientos de colaboración entre los centros 112 de estas tres comunidades autónomas cuando se produzcan incidentes de emergencia en zonas limítrofes.