Comienza a tomar forma la normativa castellano-manchega sobre violencia de género que buscará la eliminación de esta lacra en la sociedad y que servirá para actualizar la regulación regional de 2001 sobre prevención de malos tratos y protección a las mujeres maltratadas. El borrador del proyecto de Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha busca la actualización de esta norma con los hitos del ordenamiento jurídico que se han desarrollado en estos 15 años, y que se complementa con la normativa de 2010 sobre igualdad entre hombres y mujeres.
La ley, que aborda esta semana el Instituto de la Mujer, tiene por objeto actuar frente a la violencia contra las mujeres o violencia de género, a través de la adopción de medidas integrales para la prevención, formación y sensibilización, e igualmente para la detección, la protección, el acceso a la justicia y la reparación del daño a las mujeres que la sufren, así como a sus hijos e hijas y personas en situación de dependencia que convivan en el mismo domicilio. Asimismo, incluye fórmulas contra el feminicidio, la explotación sexual, la trata de mujeres y niños, la mutilación genital femenina y las nuevas formas de violencia a través de redes sociales.
Entre las decenas de medidas se encuentra la formación tanto para el profesorado, como para el personal público, sanitario y de asociaciones y colectivos. Y además, incluye el desarrollo en Castilla-La Mancha, dentro de sus competencias, de la asignatura de educación afectivo-sexual y prevención de violencia de género tanto en los dos últimos cursos de Primaria como en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
La vinculación con la educación se reflejará también en la obligación del Consejo Escolar de realizar un informe anual sobre la implementación de los principios de igualdad de genero, erradicación de estereotipos y prevención de conductas violentas. Igualmente, establece que todos los estudios universitarios que se impartan en la región incorporen contenidos de igualdad de género, impulsando asimismo la especialización de postgrado en igualdad y prevención, intervención, apoyo y recuperación de las mujeres y menores víctimas de violencia.
Preferencia en acceso y órgano regional de sensibilización
La futura norma contempla que se valore la violencia de género como factor cualificado para concesión de ayudas que se destinen a las víctimas con escasos recursos económicos, un criterio que se tendrá en cuenta para el acceso preferente de los hijos en la adjudicación de plazas ofertadas en las escuelas infantiles para menores de tres años.
Un amplio espacio destina también el borrador a la sensibilización. Entre las medidas a este respecto se establece la creación de órgano colegiado dependiente del Instituto de la Mujer, con competencias para adoptar medidas para que los medios publicitarios y audiovisuales traten y reflejen la violencia de género en toda su complejidad. Este futuro órgano podrá denunciar contenidos sexistas y potenciar el lenguaje inclusivo.
Se garantizará a las víctimas que lo demanden o a su representante legal y, en caso de fallecimiento, a sus familiares hasta el tercer grado o personas convinientes, el asesoramiento jurídico especializado; así como la asistencia letrada y representación gratuita desde el momento que se requiera, incluso en el momento anterior a la interposición de la denuncia y durante todo el proceso penal hasta su finalización, incluida la ejecución de la sentencia.
Centros de acogida, alojamiento y ayudas económicas
En cuanto a la red de atención integral, la Junta quiere garantizar por ley a todas las mujeres e hijos menores víctimas de violencia de género, el derecho a la asistencia, estableciéndose con carácter obligatorio la existencia de al menos un Centro de la Mujer por cada 9.000 mujeres mayores de 15 años. Incorpora igualmente la garantía de un recurso de acogida que garantice sus derechos a una vida sin violencia: al menos un centro de acogida por cada 50.000 mujeres mayores de 15 y una plaza de alojamiento por cada 3.000, contando en todo caso con un centro de acogida en cada población con más de 25.000 habitantes.
Como complemento, el borrador incorpora el derecho a un alojamiento urgente provisional cuando las víctimas se vean obligadas a a abandonar su vivienda o se encuentren en situación de precariedad económica, sin olvidar también el acceso preferente en la adjudicación de vivienda pública y a residencia pública de las mujeres víctimas mayores de 65 años.
Finalmente, en el ámbito laboral, la Ley pide promover la contratación de las víctimas por parte de empresas y de la administración, así como fomentar el autoempleo y el trabajo asociado a través de cooperativas laborales y agrícolas, en este último caso especialmente adaptadas al ámbito rural. Se contemplan al final ayudas socioeconómicas de emergencia social para afrontar gastos básicos, una ayuda de solidaridad para mujeres que sufran lesiones, secuelas o daños físicos o psicológicos, así como a sus hijos y familiares en situación de dependencia; y una ayuda económica a víctimas con dificultades para acceder a un empleo.