Castilla-La Mancha quiere dejar de financiar los servicios religiosos católicos que se ofrecen en los hospitales públicos y que cuestan a las arcas regionales más de 425.000 euros cada año. Podemos y PSOE han registrado ante las Cortes regionales una Proposición No de Ley (PNL) conjunta para eliminar este gasto y derivarlo a otros conceptos vinculados a la Sanidad.
Dice la PNL que es una “inversión que resta capacidad de atención sanitaria al resto de los ciudadanos, discriminando con ello no solo a las demás confesiones sino a los ciudadanos que no declaran profesar religión alguna”. La diputada socialista Blanca Fernández explica que la decisión se ha tomado tras analizar los presupuestos de este año para la región y por la “necesidad” de invertir “hasta el último euro” en la Sanidad regional.
Por eso, devuelven el 'balón' financiero al Estado después de que, hace 30 años, España suscribiese un acuerdo internacional con la Iglesia Católica para financiar la asistencia religiosa en centros hospitalarios públicos. Las Comunidades Autónomas lo asumieron al recibir las competencias en materia sanitaria.
“España reconoce el arraigo creciente de otras confesiones”, pero “mantiene una situación de evidente discriminación que choca frontalmente con el artículo 14 de la Constitución y con el espíritu de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa”, reza la PNL.
“Le corresponde al Estado valorar esta situación y garantizar a los ciudadanos que reciban la asistencia religiosa de su confesión. No tienen que hacerlo las Comunidades Autónomas”, dice Blanca Fernández, que cree que ya tienen “bastante” con cumplir con un déficit no superior al 0,3% sobre el PIB. También ha puesto de ejemplo que tienen que asumir las competencias más importantes en materia de educación, sanidad y servicios sociales.
El PSOE castellano-manchego cree que es el Gobierno central quien debe eliminar o “modificar” el Concordato español con el Vaticano porque cualquier acuerdo es susceptible de ser “reseteado para adecuarlo a la realidad actual”.
Es solo una “declaración de intenciones políticas”
Es solo una “declaración de intenciones políticas”Pero por ahora es solo una propuesta. Una “declaración de intenciones políticas”, reconoce Blanca Fernández, que asegura que el servicio se seguirá financiando. “No nos negamos a que se sigan celebrando misas en los hospitales o a que se atienda a los enfermos”, matiza. Asegura que proponen una revisión de acuerdos que “ya son muy antiguos”.
En la práctica, y mientras un nuevo Gobierno central no tome una decisión al respecto, la Junta castellano-manchega seguirá pagando los servicios religiosos. “Nosotros no vamos a incumplir un convenio internacional unilateralmente. Se trata de construir, no de destruir, y es una cuestión de eficacia presupuestaria”.
La propuesta llega después de que hace tres semanas el Gobierno regional decidiese congelar las subvenciones a los centros escolares concertados, con el consiguiente enfado de colectivos católicos. Preguntada por si esta decisión pudiese tensionar de nuevo la relación entre ambas partes, Fernández cree que “si se lee la literalidad de la proposición estarán plenamente de acuerdo y no habrá polémica. ¿Quién no lo está con respetar la libertad religiosa?”. Pero apunta que “el Partido Popular la inventará, como lo han hecho con una subida de impuestos que no existe”.
Podemos: “hay que avanzar hacia un Estado laico”
Esta era una idea que el PSOE no llevaba en su programa electoral pero forma parte del acuerdo de gobierno con Podemos. El secretario regional de la formación morada, José García Molina, justifica esta propuesta en que “el dinero público no tiene creencia religiosa ninguna”.
Ahora se trata de eludir esta “obligación”, teniendo en cuenta que el Estado no reconoce oficialmente a ninguna confesión religiosa. “Hay que avanzar hacia el estado laico y no entendemos el privilegio de pagar el servicio con dinero público”, asegura.
García Molina reconoce que 425.000 euros no representan una cifra elevada en el conjunto de los presupuestos regionales. Pero apunta que “hay que tener en cuenta que un ingreso mínimo de solidaridad son 372 euros al mes y esto da para muchas ayudas a las familias”. También cree que la proposición “no rompe nada porque no le prohibimos nada a nadie ni cuestionamos la libertad religiosa”, pero el servicio “no se corresponde con una sociedad moderna”.
“No es un ataque ideológico ni un debate de fe, sino de tomar decisiones sobre lo que hacemos con el dinero público”, concluye.