Solo cinco comunidades autónomas superan actualmente la ratio de cinco plazas residenciales para mayores que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) por cada 100 personas con una edad superior a 65 años. Son Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias y Aragón. Concretamente, entre plazas de financiación pública y privada, la ratio castellanomanchega es de 6,86 plazas, por encima de esa recomendación, según el último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
En el estudio, que desagrega los datos por comunidades autónomas conforme a las estadísticas del INE y del Gobierno central, se detalla que el aumento de plazas residenciales en Castilla-La Mancha se ha producido en las de financiación pública, pasando de una ratio de 3,7 en 2010 a 4,87 en el año 2018. También han crecido las plazas privadas, pero en menor medida: han pasado de una ratio de 1,44 a 1,99.
Según el informe, las plazas de financiación pública en esta comunidad autónoma eran en ese año 18.825 (un 71%) y las de financiación privada son 7.673 (29%). Es decir, tres de cada cuatro plazas son públicas. Con ello, ocupa la segunda posición en cuanto a las ratios más altas, tras Castilla y León.
Pese a estos datos concretos en Castilla-La Mancha, a nivel estatal el informe es muy crítico con la situación. Subrayan los gerentes de servicios sociales que el número de plazas residenciales para personas mayores en España no se ha incrementado al ritmo que exige el crecimiento de la población mayor de 65 años.
En consecuencia, la ratio de plazas residenciales por cada 100 personas mayores se ha reducido pasando de 4,56 a 4,21, lo que la aleja del objetivo del 5% que aconsejan los organismos internacionales. Evidencian así un déficit de 70.000 plazas en todo el país.