Castilla-La Mancha avanza en su ley LGTBI que “prohibirá taxativamente terapias de conversión”

El Gobierno de Castilla-La Mancha ya tiene listo el anteproyecto de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha para su remisión al Consejo Consultivo de la región, según ha anunciado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández.

“Una ley muy esperada, trabajada y dialogada con sociedad y entidades además de organizaciones expertas en la materia”, decía la consejera y un texto “muy participado” con hasta 500 alegaciones que, decía, “se han analizado muy cuidadosamente, sin prejuicio. Ha habido mucho espíritu constructivo que nos ha permitido elaborar un texto mejor”.

Se espera que la nueva ley llegue al Parlamento castellanomanchego a finales del mes de febrero para su tramitación y que previsiblemente pueda quedar aprobado en mayo. Cuenta con 65 artículos estructurados en un título preliminar, cinco títulos, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales.

“Para defender los derechos humanos hay que pertrecharse de herramientas”, decía Blanca Fernández y “Castilla-La Mancha está llena de gente con sentido común que vive y deja vivir”.

En su opinión, la ley LBTBI de la región “es una buena noticia para todos” porque se trata de una norma en la que “prevalece el espíritu de la Constitución en sus artículos 10 y 14” porque se trabaja desde el respeto a la dignidad de la persona, los derechos que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley, a los derechos de las demás personas y a la igualdad sin que prevalezca ningún tipo de discriminación.

“Esta es una Ley a favor de los derechos, a favor de las personas, y no en contra de nadie; solamente está en contra de la injusticia, de la conculcación de los derechos, del acoso, de la discriminación y de la violencia física y simbólica que muchas veces sufren las personas pertenecientes a este colectivo”.

Ha repasado los principios rectores de la ley y que van desde la protección de los derechos humanos, la atención de las reivindicaciones históricas del colectivo LGTBI, garantizar la igualdad real y efectiva y la no discriminación o la perspectiva de género “porque las mujeres también se tienen que movilizar y visibilizar en este movimiento”, aseveraba.

Es una ley “integral y transversal” en la que prevalece la atención respetuosa a la diversidad en los diferentes niveles del desarrollo, se fundamenta en la cooperación interadministrativa, no solamente por parte de la Junta Comunidades sino del resto de administraciones, contempla el deber de intervención ante la discriminación, da visibilidad a las personas que conforman el colectivo LGTBI en Castilla-La Mancha y siempre, decía, debe prevalecer “el interés superior de la niñez”.

Recoge derechos como la igualdad y la no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad,, la integridad personal frente a la violencia, la intimidad personal, familiar y propia imagen, la promoción de salud física, mental, emocional, sexual y reproductiva, así como a los recursos y resarcimientos efectivos y la reparación de derechos violados.

La consejera ha resaltado que “por ejemplo, la norma prohíbe taxativamente las terapias y pseudoterapias de aversión, contracondicionamiento y conversión que, no responden a la ciencia sino más bien a la ideología, que han hecho mucho daño y que han provocado muchas situaciones traumáticas a muchas personas”.

El Gobierno se personará, por ley, ante los asesinatos por LGTBIfobia

En cuando al contenido de la norma, Blanca Fernández también ha explicado que la Administración regional se obliga a adaptar la documentación de la Junta de Comunidades en sus distintos niveles administrativos y adecuar esa documentación a la heterogeneidad del hecho familiar y al respeto a la identidad sexual de la persona y a su intimidad.

La Junta de Comunidades también se personará ante los asesinatos por LGTBIfobia “que se puedan producir en las mismas condiciones en las que nos personamos frente a los asesinatos machistas”. A ello, hay que sumar que en la Ley se apuesta por la formación y la sensibilización mediante campañas de información y de sensibilización y también contempla una apuesta firme por la formación especializada del personal de la Junta.

Se establecerán mecanismos para la coordinación interna y para la participación externa como son la Comisión de Diversidad, en la que está representado todo el Gobierno regional; el Consejo LGTBI de Castilla-La Mancha, en el que estará representada la sociedad civil; y un Servicio de Atención Integral a las personas LGTBI en el plano jurídico, psicológico e incluso en el ámbito social y laboral que se pondrá en marcha a partir del año próximo.

Además, ha añadido Blanca Fernández, “establecemos mecanismos de evaluación y de puesta en marcha si fuera necesario de un sistema de acogimiento temporal para personas LGTBI que se encuentren en situación de vulnerabilidad, hayan podido ser expulsados de su hogar, o sufran problemas de rechazo familiar que les provoquen encontrarse sin residencia”.

La Ley también recoge el Plan Estratégico de Políticas Públicas LGTBI para la coordinación y atención a la diversidad en toda Castilla-La Mancha; el impulso a una Red de Municipios por la Igualdad y la Diversidad en colaboración con la Federación de Municipios y Provincias; la Unidad de Atención Multidisciplinar a personas transexuales intersexuales de Castilla-La Mancha, que funciona desde hace unos años en el Hospital de Cuenca; y finalmente se introduce el Protocolo que se aplica desde 2017 para adecuar el tratamiento de las personas a su identidad sexual.

Blanca Fernández ha asegurado que ya ha contactado con los grupos parlamentarios en las Cortes regionales. “Veo disposición en ellos y espero que pueda sacarse adelante por unanimidad. El Gobierno regional no quiere ponerse ninguna medalla. Esperamos consenso para poder decir que es una norma de toda la ciudadanía de la región”.