Los servicios jurídicos de la Junta de Castilla-La Mancha siguen estudiando la petición que el Consejo de Gobierno realizó para que la autoridad sanitaria pueda denunciar incumplimientos graves de las normas contra la COVID-19. Según el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, el Gobierno autonómico quiere establecer “sanciones mayores”, aunque no ha detallado la horquilla del importe que supondría esta medida.
Fue el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien anunció hace dos semanas que el Ejecutivo regional había pedido a su asesoría jurídica ir “más allá” en aquellos casos más graves de incumplimientos de las normas. Afirmó entonces que se trataba de una minoría de gente, pero que era importante detectar estos casos porque suponen consecuencias más graves
El consejero de Sanidad ha añadido hoy que, en primer lugar, es muy importante aplicar primero las sanciones ya contempladas en el nuevo decreto de restricciones, pero que además, la Junta quiere “afinar” en incumplimientos que tienen que ver con un mayor número de contagios.
“Se trata de saber si alguien, a sabiendas de que tiene síntomas o tiene aquellos más fácilmente enjuiciables como es la fiebre, o teniendo una prueba positiva, sale de casa y no cumple con las normas. A estas personas que incumplen y ponen en riesgo la salud de otros es donde queremos llegar”.
Por el momento, los servicios jurídicos del Gobierno autonómico han contestado que en el decreto se establecen las sanciones pertinentes, pero “siguen estudiando la posibilidad de establecer sanciones mayores para estos casos más graves”.