El Gobierno de Castilla-La Mancha obligará a los empleadores de las campaña de la vendimia a que hagan un listado con las personas que trabajen en cada explotación con el fin de poder localizarlas si fuera necesario hacer un rastreo debido al COVID-19 y que en ese listado se incluyan todas las personas con las que conviven a diario.
Así lo ha anunciado este miércoles el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, durante su comparecencia en el pleno de las Cortes, donde ha señalado que esta medida forma parte de una orden que está elaborando el Gobierno regional y que ha calificado como “la más ambicioso” que se puede hacer.
Orden que ha dicho que se está elaborando entre su departamento, la Consejería de Sanidad y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y por medio de la cual se establecerán una serie de medidas preventivas frente al coronavirus para la campaña de la vendimia.
En este sentido, ha avanzado que se convocará una mesa de coordinación con las Inspección de Trabajo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la FEMP para “cerrar” esta orden, lo que se produciría “siempre” antes del inicio de la campaña de la vendimia, es decir, en un periodo de 10 o 15 días.
Tras reiterar que es la orden “más ambiciosa” de España de estas características para prevenir el COVID-19 en el sector agrario, ha indicado que contiene además cuestiones desde el punto de vista sanitario como higiene personal, distancia de seguridad o elementos de protección ante el coronavirus.
Finalmente, respecto al resto de las campañas que se han desarrollado en la Comunidad Autónoma, Arroyo ha afirmado que se están llevando a cabo con normalidad, destacando especialmente la del ajo que ha “con un gran éxito”. “Quiero agradecer a los empresarios y trabajadores que han permitido que esto sea así”, ha dicho.
Con todo, ha afirmado que no ha habido dificultades con el número de trabajadores y que ha habido “suficientes” para desarrollar todas las campañas. Así, según datos de las oficinas regionales de empleo, se han ofertado 1.757 puestos de trabajo y se han cubierto 1.275, ha concluido el consejero
Propuestas de los grupos
El diputado de Cs Alejandro Ruiz ha señalado que la formación naranja ha traído este punto al pleno de las cortes porque hay una campaña de la uva “en ciernes” y no hay “ninguna medida” de control extraordinaria por parte del Gobierno regional para implantar medidas de seguridad en las campañas agrícolas.
“No hemos visto que se haya tomado ninguna medida y nos preocupa realmente la situación”, ha indicado, para lamentar que los productores vitivinícolas no saben a qué aferrarse ante la inminente recogida de la producción de este año.
Por ello, la resolución presentada por Ciudadanos pasa por instar al Gobierno nacional a un control sanitario de las fronteras para que “no sean completamente permeables”, al tiempo que hace un llamamiento al Ejecutivo central para que controle la legalidad en la entrada de personas y a los empleadores porque son responsables de la salud de sus trabajadores.
Por su parte, el diputado del PP Emilio Bravo ha señalado, ante este problema, que el Gobierno regional haga un esfuerzo en labores de control que eviten la existencia de asentamiento ilegales que son focos de contagio. “No se puede consentir que Page cargue al sector el problema”, ha dicho.
También piden los 'populares' una coordinación entre la Delegación del Gobierno, organizaciones agrarias, Gobierno locales y, sobre todo, la Junta. “Pedimos medidas de anticipación y no de improvisación, que lo que hacen ustedes, y medidas en toda la región”.
Resolución del PSOE
Por su parte, el diputado del PSOE Julián Martínez ha defendido la posición de los socialistas, que reconoce los esfuerzos del Gobierno regional para la prevención y contención de la pandemia por COVID-19 en Castilla-La Mancha, y valora positivamente la Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control del virus.
Asimismo, señala que se buscará el acuerdo con el Ministerio de Trabajo para adoptar medidas en materia de empleo agrario, para la compatibilización de la prestación por desempleo o demás prestaciones de carácter social o laboral con el desempeño de tareas agrarias.