El Gobierno de Castilla-La Mancha ha propuesto una batería de medidas para luchar contra la ocupación ilegal. De hecho, el consejero de Fomeno, Nacho Hernando, ha defendido que “es imprescindible impulsar cambios legislativos que articulen mecanismos legales ágiles que permitan la defensa de los derechos de titulares legítimos que se ven privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesión de su vivienda”. Así lo ha señalado en un debate general celebrado en torno a la situación de las ocupaciones ilegales en las Cortes castellanomanchegas.
“La ocupación ilegal nada tiene que ver con el enorme drama que demasiadas familias en nuestro país han sufrido durante la última década por culpa de la crisis económica”, sino que “es todo lo contrario”, ya que “es el aprovechamiento ilícito, es usurpación de los bienes que tanto esfuerzo le han costado a las familias trabajadoras”, afirmó Hernando. Por eso, aseguró que estas prácticas tienen el “absoluto rechazo” de Castilla-La Mancha y tendrá “toda la oposición” de las administraciones públicas.
Por eso, ha propuesto medidas como la denegación de las inscripciones en el padrón municipal de quienes estén ocupando ilegalmente y que las comunidades de vecinos, ayuntamientos u otras instituciones puedan interponer denuncias por ocupación ilegal ya que “estamos ante un delito que no solo afecta al derecho de propiedad privada, sino que está generando un importante perjuicio social, deteriorando la convivencia de la propia comunidad de vecinos, del barrio y del municipio”, ha asegurado Hernando.
Además, el consejero de Fomento ha propuesto el aumento de los años de la prescripción del tipo de la usurpación; la modificación del Código Penal para endurecer las penas a los autores del delito de ocupación ilegal; o la puesta en marcha de una Fiscalía ‘Antiokupas’.
Asimismo, y junto con estos cambios normativos, Hernando ha puesto de manifiesto la necesidad de que los Cuerpos y Fuerza de Seguridad del Estado “cuenten con los efectivos y con los recursos necesarios para poder aplicarlos”. De este modo, ha explicado como “durante la última etapa del Partido Popular se perdieron casi 15.000 efectivos en seis años, o que la Guardia Civil perdiera un 7 por ciento de la plantilla” y lo ha contrapuesto a la aprobación el 21 de julio de una oferta pública de 2.154 puestos para la Guardia Civil y 2.491 puestos para el Cuerpo Nacional de Policía.
Además, el consejero de Fomento ha remarcado como “desde el Gobierno de Emiliano García-Page, hemos puesto en lo más alto de nuestras prioridades luchar contra la ocupación ilegal”, pese a que “la Junta no cuenta con las herramientas competenciales para abordar este problema de manera unilateral”.
De esta manera, Hernando ha explicado cómo se está “en primer lugar, aplicando una política de ‘tolerancia cero’ en nuestro patrimonio de viviendas y, en segundo lugar, coordinándonos y apoyando a la Federación de Municipios y Provincias, a los ayuntamientos, a la Administración judicial, y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.
“Nuestro trabajo en relación con la ocupación ilegal, no se remite únicamente a las áreas cuya competencia nos ha sido legalmente atribuida, se extiende a un diálogo constante con todos aquellos actores que pueden ayudarnos a garantizar que tanto el derecho a la propiedad privada como la protección social para aquellas personas que la necesitan, se materialicen contribuyendo a construir entre todas y todos, una sociedad mejor”, defendió Hernando.