Castilla-La Mancha reclama al Gobierno de España “cumplir” con su 50% en la financiación del Sistema de Dependencia

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha instado hoy al Ejecutivo de Pedro Sánchez a “cumplir” con su parte de “corresponsabilidad” a la hora de financiar el Sistema de Dependencia en una comunidad autónoma en la que el 84% del gasto lo hace actualmente el Ejecutivo regional, dejando la aportación del Estado en el 16%. 

En concreto, a través de la Consejería de Bienestar Social se invierten actualmente 438 millones de euros frente a los 107 que aporta el Ejecutivo de Pedro Sánchez. “Entendemos que la corresponsabilidad al 50% se queda muy por debajo por parte del Estado. Reclamamos que cumpla con su parte”.

Así lo ha dado a conocer la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Ha informado del convenio entre la Administración General del Estado y el Gobierno castellanomanchego para incrementar el importe de la aportación para el nivel de protección de las personas dependientes que se fija ahora en 32 millones de euros anuales (16 millones por parte de cada una de las dos administraciones).

Es algo, decía García Torijano, que “mejora la aportación del Estado al Sistema de Dependencia tal y como venimos reclamando desde 2015” y sin embargo ha considerado que no es suficiente. “Estamos mínimamente satisfechos, pero hay que seguir mejorando para llegar a niveles de igualdad a un 50%”.

Para explicarlo, ha calificado de “avance” el plan de choque acordado entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas en abril de 2020 ya que “se revirtieron los recortes de Mariano Rajoy”, pero hay que recordar que el Sistema de Dependencia cuenta con tres fondos de financiación. Por un lado, el nivel mínimo por el que, en 2021, el Estado aportó 91 millones de euros, el nivel acordado, que es el que ahora se mejora con el nuevo convenio y un tercer nivel con aportaciones voluntarias por parte de cada comunidad autónoma. García Torijano resaltaba cómo en 2020 “se recuperó el marco de cooperación administrativa, en cuanto al nivel ”acordado y corresponsable“ que todavía no se cumple por parte del Estado en esta comunidad autónoma.  

En total reiteraba la consejera, en 2020, la comunidad autónoma certificó 438 millones destinados a este fin. Fue eso sí, una inversión inferior a la de 2019 que se cifró en 446 millones de euros, reconocía, debido “a la baja del número de expedientes y beneficiarios durante la pandemia, lamentablemente, pero no porque se invierta menos”, ha querido aclarar.

Lo hacía ante los datos de un informe de la Asociación estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales que indica que cuatro comunidades autónomas, Cantabria, Madrid, Castilla La Mancha y La Rioja, disminuyeron en 2020 el gasto anual en la atención a personas en situación de dependencia. La consejera ha detallado que se ha invertido 85 millones de euros más que en 2015, se ha aumentado también el número personas que reciben la cobertura por Dependencia: 61.000 frente a las 34.668 que había en 2015 y también han crecido las prestaciones: 76.183 prestaciones en comparación a las 47.160 que se otorgaron en 2015.

Mientras tanto, el sindicato CCOO anunciaba hace unos días un “otoño caliente” de movilizaciones en el sector sociosanitario privado de Atención a la Dependencia para exigir un convenio digno. Y en este aspecto, la primera de las protestas ya tuvo lugar el pasado 28 de septiembre a las puertas de la propia Consejería de Bienestar Social.