El Gobierno central ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 los 3.100 millones de euros de la liquidación definitiva del IVA de 2017. Se trata de una polémica cuestión que motivó que varias comunidades, entre ellas Castilla-La Mancha, recurrieran en los tribunales para reclamar dicho importe. El Gobierno de Emiliano García-Page tiene intención de retirar su recurso judicial ante la Audiencia Nacional cuando esta cantidad, cifrada en 142 millones de euros en el caso de la región, se haga “efectiva”.
Fuentes de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas explican a elDiarioclm.es que la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado de esta cuantía fue un compromiso que adquirió la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado el pasado 28 de julio.
De hecho, el Ejecutivo castellanomanchego ya ha incluido en el proyecto de Ley de Presupuestos autonómicos para el año que viene una partida para compensar el “perjuicio económico” que supuso el cambio normativo en el reglamento del IVA. “En la medida en que lo hagan efectivo, retiraremos el recurso que habíamos planteado ante la Audiencia Nacional”, agregan.
Esta es una de las muchas peticiones que Emiliano García-Page ha dirigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Hace meses que ya dio por hecho que el Estado abonaría a todas las comunidades autónomas la deuda correspondiente a esa liquidación, tras la sentencia del Tribunal supremo que obligó al Gobierno a devolver ese importe en el caso de Castilla y León. Page también anunció entonces que ese dinero se dedicaría “a la recuperación económica y a la generación de empleo”.