“El sector más castigado por la COVID-19”. Así ha tachado Comisiones Obreras a los centros socio-sanitarios, por lo que ha emplazado tanto a la Junta de Comunidades como a las patronales de las residencias privadas “a tomar ya decisiones de presente y futuro para el sector más castigado por la COVID-19, cuyas debilidades han quedado más que patentes en estos meses de pandemia”. Además, han criticado que el reconocimiento social al trabajo “esencial” prestado por las plantillas, “sigue sin traducirse en una valoración laboral digna”.
La secretaria general de CCOO-Sanidad y Sectores Sociosanitarios Castilla-La Mancha, Chelo Cuadra, ha anunciado que el sindicato ha presentado a las consejerías de Bienestar Social y de Sanidad dos documentos de propuestas, sobre el modelo de atención a la dependencia tras la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 y también otro centrado en el modelo de coordinación sociosanitaria que “ni Castilla-La Mancha, ni prácticamente ninguna comunidad autónoma” tiene “nisiquiera diseñado”. Además, desde el sindicato instan a las patronales del sector a volver “de inmediato” a la mesa de negociación del convenio colectivo, “que se encontraba y se encuentra bloqueado sin posibilidad de acuerdo por la negativa patronal a mejorar retribuciones y condiciones laborales”.
En este sentido, Cuadra advirtió de que se retomará la campaña de movilización que se estaba llevando a cabo antes de la pandemia, “si no hay avances”. “Ciento veinte días después del anuncio del estado de alarma por parte del Gobierno Estatal, y con la amenaza continua de rebrotes, se hace más que necesario empezar a tomar decisiones de presente y de futuro en el sector más castigado por la pandemia, el de Residencias de Mayores, cuyas debilidades han quedado más que patentes”, indicó Cuadra.
En este sentido, han recordado que alrededor de 240 centros están o han estado afectados, más de la mitad de los existentes en la región. Más de 6.000 residentes han estado contagiados y más de 1.300 han fallecido como confirmados con COVID, “cifra que asciende a 2.500 si añadimos a los fallecidos con síntomas compatibles”. Las incidencias desde el inicio del periodo de alarma, recuerdan, incluyen “falta de EPI, de mascarillas, de personal, de medidas de seguridad, de protocolos de actuación ante contagios”. “Hoy la situación ha cambiado en parte: existen medidas de protección, protocolos de actuación, pero hasta ahora, tanto por la Junta como por las empresas, sólo se han tomado medidas paliativas. No se ha abordado de forma generalizada el problema del sector: la financiación con objetivos concretos”, asegura Cuadra.
Modelo “permanente” de coordinación socio-sanitaria
Por eso, la propuesta de CCOO es “un objetivo urgente: estar preparados para hacer frente a posibles rebrotes” y otro a medio plazo: “elaborar e implantar un modelo permanente de coordinación socio-sanitaria”. “En lo inmediato, hay que garantizar que contamos con reservas suficientes de material de protección y realizar las necesarias pruebas de diagnóstico a profesionales y usuarios; hay que reforzar plantillas y hay que mantener la intervención sociosanitaria puesta en marcha durante el estado de alarma por el SESCAM”. Y es que, para el sindicato, la intervención del Servicio regional de Salud ha sido “determinante” para atajar la pandemia, pero debe ser una actuación “regulada y desarrollada con una norma autonómica” para “garantizar” la atención social y sanitaria.
“Hay que abordar de manera efectiva el modelo de coordinación sociosanitaria previsto ya en la Ley de Dependencia. Nuestra propuesta, que ya tienen las consejerías de Sanidad y de Bienestar Social, debería servir para iniciar las negociaciones entre ambas consejerías y los agentes sociales, con el fin de impulsar un acuerdo que establezca las condiciones básicas para la implantación de Unidades de Coordinación Sociosanitaria, que en nuestro caso podrían coincidir con las Áreas Sanitarias como referencia territorial”, ha recalcado Cuadra.
Finalmente, desde CCOO piden que se refuercen las plantillas, cambiando la actual orden de ratios, para que se de seguridad a familiares, residentes, y profesionales del sector. “No puede ser que, en 10 años, el salario bruto de una gerocultora, que es la categoría laboral más numerosa en el sector, haya pasado de 908 euros en 2010 a 997, que es el salario actual. Y que todavía existan categorías, como pinche o limpiadora, cuyo salario bruto no alcance al SMI”, criticó. Para el sindicato está “claro” que los 100 millones de euros anunciados por Emiliano García-Page deben tener “una clara finalidad”: aumentar el empleo y mejorar las condiciones retributivas.