La sección de Industria de CCOO Castilla-La Mancha ha interpuesto un recurso contra el Decreto 280/2019, de 23 de diciembre, de los Derechos de las personas consumidoras en instalaciones de suministro a vehículos de carburantes y combustibles líquidos o gaseosos o cualquier otro tipo de energía en Castilla-La Mancha. El sindicato había anunciado esta medida, junto a otras UGT, Facua y Cermi, por “chapucero”.
Desde el sindicato consideran que la norma“no garantiza los derechos de las personas consumidoras; no cumple con la accesibilidad a este servicio público que deben tener las personas con discapacidad; no garantiza la seguridad de las instalaciones; destruye empleo y fomenta la despoblación”.
El secretario general de CCOO Industria, Ángel León, ha señalado que se abre el paso así a un modelo que es “contrario” a los valores e intereses que defiende el sindicato. “Pone en riesgo más de 2.700 empleos en la región al sustituir personas trabajadoras por sistemas automatizados de suministro de combustible, lo que sólo servirá para mejorar los márgenes de las grandes distribuidoras y para el negocio de las multinacionales propietarias de estas instalaciones; que las establecerán allí donde se les permita para su propio y exclusivo beneficio, con un impacto social y laboral desolador”.
“Nuestra asesoría jurídica entiende que hay razones suficientes para interponer el recurso contencioso-administrativo contra el mencionado decreto. Hemos decidido acudir a esta vía para tratar de forzar una mejora de la norma para, como han hecho otras comunidades autónomas, salvaguardar derechos de trabajadores y consumidores que el actual decreto, a nuestro juicio, no garantiza”, insiste León.
A partir del anuncio del recurso por parte de CCOO, la Sala de lo Contencioso-Administrativo el Tribunal Superior de Justicia requerirá al órgano emisor del Decreto -la Consejería de Desarrollo Sostenible- todo el expediente administrativo instruido para su elaboración, desde su inicio hasta la publicación de la norma en el DOCM nº 255 de 30 de diciembre de 2019. A la vez, se trasladará el expediente al sindicato, que a partir de ese momento tendrá diez días para estudiarlo y formalizar el recurso.