Alrededor de un centenar de personas han respaldado en la Plaza de Santo Domingo de Guadalajara a las 68 familias que viven en un edificio abandonado de la localidad alcarreña de Alovera y que desde agosto es propiedad del Banco Sabadell, pero al que Iberdrola cortó la luz en el mes de agosto tras procederse a su adjudicación. Estas personas, que ocuparon el edificio hace cinco años, han vivido estos últimos cuatro meses sin suministros básicos de luz y gas, y apenas disponen de recursos económicos, por lo que desde la PAH de Guadalajara vienen reclamando desde entonces que tanto la entidad financiera como la compañía eléctrica les ofrezca alguna solución.
La movilización ha sido promovida por la PAH y por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético de Guadalajara y a la misma se han sumado particulares que llevan arropando a estas personas desde que Iberdrola les cortara la luz y a los que apoya también el Ayuntamiento de la localidad, que no ha podido otorgar un permiso de luz de obra debido a que el edificio tiene licencia de primera ocupación
Previamente, alrededor de una veintena de miembros de la PAH se ha encerrado durante dos horas en la sede del Banco Sabadell para intentar encontrar una solución. Allí han cantado algunos 'villancicos' hasta que les han atendido:
Desde la dirección catalana, la entidad financiera ha emplazado a las tres familias pertenecientes a la Plataforma a una reunión el 10 de enero para contratar alquileres sociales. No es el caso del resto de familias, que están negociando sus diferentes situaciones a través de un mediador que la PAH no ha reconocido.
Así lo relata Remedios Rueda, una de las afectadas y activista antidesahucios, quien ha permanecido dos horas con sus compañeros en la sede del banco hasta que han recibido por escrito ese compromiso. El problema ahora es cómo recibirán el suministro de luz si consiguen los alquileres sociales ya que, según afirma, tras pagar el Banco Sabadell a Iberdrola unos 17.000 euros por la deuda de la luz de todos estos años, ahora la eléctrica reclama al banco 2.000 euros por cada vecino.
“Hemos estado durante cuatro años en conversaciones con ellos para negociar que nos pusieran contadores legales, pero siempre nos han dicho que al no ser propietarios, no se podía, y ahora reclaman ese dinero, que el banco no está dispuesto a pagar tras haberse hecho cargo de la anterior deuda”, afirma.
Recuerda además que ninguna de las familias tiene recursos para hacer frente a esta situación, y menos “para pagar luz de obra de un edificio abandonado por el constructor y que la PAH recuperó para obra social”. “Siempre estamos con la pobreza energética en la boca pero a la hora de buscar soluciones, las eléctricas dan la espalda”, ha subrayado. Por eso, ha destacado que será el Banco Sabadell quien tenga que mediar con Iberdrola si finalmente se otorgan esos alquileres sociales.
Olores, insalubridad y alguna intoxicación
Remedios cuenta que no se trata solo del problema de la luz. Explica que muchos vecinos han comprado generadores de electricidad y estufas, lo que provoca olores en todo el edificio e incluso la intoxicación de una familia que tuvo que ser ingresada.
El problema de estas familias es que muchas de ellas ya están empadronadas en la localidad y con hijos escolarizados. Ocuparon el inmueble después de haber sido desahuciadas. El edificio cerró en 2008 debido a un conflicto entre el constructor y la entidad financiera. Tras estos hechos, entre 2010 y 2011, estas personas procedieron a ocupar las viviendas. Fue una “obra social” de realojo ante la carencia de viviendas para ellos, afirman desde la PAH. Siempre han dejado claro que no se trata del “típico perfil de okupa”, ya que todas ellas pagan el agua y “solo están haciendo uso de un bien abandonado ante la injusticia de su situación”. “Ante la miseria, solo quieren seguir viviendo y aguantando”, subrayan.
Hasta ahora, todas ellas consideran que la única solución puede darla el Banco Sabadell a través de alquileres sociales, pero ahora el conflicto se agranda con Iberdrola, que reclama esa deuda por el suministro de luz. Los ocupantes del edificio también han intentado negociar con la empresa eléctrica, hasta ahora sin éxito.