El Gobierno de Castilla-La Mancha ha realizado el primer análisis previo de la anunciada Ley de las Zonas Prioritarias, una legislación que pretende paliar los efectos de la crisis económica donde ha golpeado de manera “más virulenta”. Las zonas de Castilla-La Mancha que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad para una recuperación económica justa serán el objetivo de la ley.
“Consideramos que se debe hacer una discriminación positiva para establecer apoyo integral. La recuperación es de todos o no es de nadie”, aseguró Nacho Hernando, portavoz del Gobierno regional. Si bien será la consejería de Economía, Empleo y Empresas la “precursora” de la Ley, todo el Ejecutivo regional se volcará en la misma, para revisar la recepción de fondos públicos e incorporar los europeos “sin que haya discrepancia legal”. “Ver cómo encajar todo para que sea una ventanilla única al reparto de riqueza”, afirmó.
De este modo, se llevarán a cabo reuniones entre todas las consejerías para aportar respuestas “unificadas” a la situación que pretende abordar esta legislación. Por otra parte, el borrador se someterá a participación pública para que la ciudadanía también aporte su punto de vista en la senda que debe seguir la ley, según ha afirmado Hernando.
El Gobierno regional también ha querido destacar la decisión de la Unión Europea de no va a congelar los fondos a España. “Entendemos que regiones como Castilla-La Mancha hacen uso útil de dichos fondos. Donde hacen más falta es aquí, donde se incluyen los esfuerzos para generar empleo”, aseguró el portavoz. Hernando también advirtió al Gobierno de España que serán ellos los que deberán asumir los ajustes, no la Sanidad, la Educación o los servicios sociales de Castilla-La Mancha.
Perdida de 68 millones en depuradores
Entre los acuerdos del Consejo de Gobierno se aprobó también una partida de 720 mil euros para mejorar la gestión de las depuradoras en la provincia de Ciudad Real. El dinero se destinará, principalmente, a la contratación de más personal para “garantizar su correcta gestión”. “En estos momentos el personal dedicado a la labor de mantenimiento es claramente insuficiente. Esto se debe a los contratos de gestión que se adjudicaron en la pasada legislatura”, aseguró.
En este sentido, Hernando explicó que se trata de un contrato “al alza” para paliar este déficit de personal que ha hecho “imposible” una instalación correcta, lo que implicará un futuro gasto en su reparación o rehabilitación. El representante de la Junta recordó también la pérdida de 68 millones de euros y el “robo” de las depuradoras que se quedaron a “medio construir”. “Ya se ha retomado la construcción de dichas depuradoras y se invertirá 38 millones entre 2016 y 2017”, afirmó.
Por otra parte, se ha aprobado el primero borrador que regirá el sector del taxi en Castilla-La Mancha, con un reglamento que pretende “otorgar seguridad a los profesionales” y garantizar un servicio “óptimo y de calidad”.