Ciudadanos ha propuesto una enmienda a la Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha, cuyo debate es inminente, para “desahuciar en vía administrativa a las personas que ocupen sin título jurídico válido bienes inmuebles que tengan la consideración de viviendas de promoción pública”. El partido señala en la justificación de su enmienda que lsa “conocidas comunmente como viviendas sociales públicas”, se enfrentan a una “dicotomía”, puesto que comparten aspectos que corresponden a bienes demaniales y también a otros que se corresponden a bienes patrimoniales.
“Esta dicotomía supone la dificultad de encajar estos bienes inmuebles en la categoría de bienes demaniales o en la categoría de bienes patrimoniales, al compartir aspectos de ambas categorías”, explica el partido, que señala que esta “dificultad” se pone de manifiesto en la legislación regional actual. “La extensión de la ocupación ilegal de viviendas lleva afectando desde hace años a muchas localidades de Castilla-La Mancha y las viviendas de promoción pública no han sido una excepción a este fenómeno que tanto la opinión pública como los distintos agentes políticos y judiciales han señalado como un grave problema que requiere de una solución”, afirman.
Por ello, consideran que la enmienda propuesta a la nueva legislación crea la posibilidad de aplicar el desahucio administrativo, no judicial, lo que posibilitaría la “agilidad” de un desahucio, al “evitar la necesidad de acudir a procedimientos judiciales, como ocurre en los bienes patrimoniales”.
El diputado David Muñoz explica que la normativa de patrimonio público es “compleja”, al dividirse en estos dos tipos de bienes, demaniales y patrimoniales. El primero, señala, se refiere a edificios públicos que se utilizan para un servicio también público, como aquellos que acogen un colegio o una oficina de empleo. Mientras tanto, los patrimoniales se pueden utilizar, pero también ceder o alquilar. De este modo, explica que el desahucio administrativo es un “plus” con el que cuenta la administración para poder desahuciarse a través del desahucio administrativo, más rápido que el judicial. “En el caso de los patrimoniales, hay que hacer como cualquier particular, ir a un juez y encarar toda la lentitud”.
“En el caso de las viviendas de promoción pública no queda claro si están entre bienes demaniales y patrimoniales, están en un limbo y no se puede utilizar este desahucio administrativo”. Zapata asegura que hay una serie de viviendas en Castilla-La Mancha que están 'ocupadas' de manera ilegal, y cita un el bloque de 88 viviendas Joan Miró en Puertollano, que son propiedad de la empresa pública GICAMAN. “Para echar a los okupas hay que actuar como cualquier particular, un juzgado debe activar los mecanismos judiciales y estos tiempos se ralentizan, porque llevan ocupadas desed 2012”, asegura.