Colectivos antifracking quieren “exportar” la ley castellano-manchega a todo el país

La decisión del Tribunal Constitucional de avalar la Ley castellano manchega que paraliza de facto el ‘fracking’ en suelo autonómico ha dado esperanza y alegría a los colectivos que, durante años, han trabajado para impedir que la fractura hidráulica acabara con su entorno.  Pero la alegría inicial se convierte, otra vez, en reivindicación. Y es que, a día de hoy, los proyectos de fracking que afectan a Castilla-La Mancha, no tienen un competencia regional ya que el territorio donde se comprenden los proyectos toca suelo de comunidades colindantes.

En la provincia de Albacete, concretamente en la zona de Hellín, están pendientes de la vecina Región de Murcia donde la empresa Oil and Gas Capital mantiene dos proyectos que tocan, directa e indirectamente, suelo albaceteño. Y es que la plataforma ciudadana ‘Cuenca del Segura libre de Fracking’ dice que esta compañía, titular de los proyectos Escorpio y Leo, ha solicitado permiso para la perforación del pozo del Río Segura 3 ubicado en el municipio murciano de Calasparra. Un sondeo que está previsto que llegue a los 2.500 metros de profundidad en busca de gas no convencional.  Las catas para determinar la presencia de gas ya se han hecho en la zona de Cieza. 

Menos activo está el proyecto Leo en el que sí hay terreno albaceteño implicado. La situación de ambos, interregionales, hace que escapen a la ley ‘antifracking’ de Castilla-La Mancha que, en este caso no puede proteger a la zona de Hellín.  De ahí que la plataforma FAO Campos de Hellín y Tobarra Libres de Fracking, quieran que la ley se exporte a todo el territorio nacional porque “estamos preocupados por el resto de plataformas que están luchando” dice Rebeca Cañavate, de la plataforma FAO Campos de Hellín y Tobarra Libres de Fracking, quien espera que con la decisión del Constitucional el resto de regiones “y toda España” quede libre de esta práctica.

En otro punto de la provincia de Albacete,  La Mancha y Campos de Montiel, otrora señalada por el fracking, hoy la alegría por la decisión del Constitucional es más que evidente. Paco Ferández es miembro de la plataforma contra la Fractura Hidráulica de Campos de Montiel y La Mancha, donde a día los proyectos que antes les amenazaban están paralizados. También aquí fue la empresa Oil and Gas Capital quien consiguió en septiembre de 2012 los permisos de investigación de hidrocarburos. En concreto, su autorización se ampliaba a los bloques de Esteros, Almorada y Nava. La inversión prevista sería de 6,45 millones de euros y la vigencia del permiso de seis años.

Pero ha pasado el tiempo y “la empresa ha ido dejando pasar los plazos y desistiendo”, añade Fernández que cree que la contestación social de los vecinos de la zona, contrarios a la práctica de fracking, y el cambio de gobierno en Castilla-La Mancha, fueron claves para ese desistimiento. De hecho, estos tres proyectos eran los únicos planteados en la región a los que se les podría aplicar la norma autonómica avalada desde este lunes por el Constitucional. Fue aquí donde el entonces candidato a la Junta, Emiliano García Page, hizo el conocido como ‘Compromiso de El Bonillo’ por el que prometía una Castilla-La Mancha sin fractura hidráulica.

Proposición de Ley contra el fracking

Pero más allá de las leyes regionales las plataformas, entre ellas la de Campos de Montiel y La Mancha, ya han dado los pasos para que esta norma autonómica se convierta en ley estatal. Lo hicieron registrando una proposición de ley que se encuentra, por el momento, estancada en el Congreso de los Diputados. Ahora, con el cambio de gobierno y la postura favorable del PP con el fracking en la oposición, creen que es el momento de que los partidos políticos retomen el debate y aprueben la norma.

“Hay que seguir la lucha hasta que se erradique”, dice Paco Fernández, que insiste en la necesidad de que la lucha “vaya más allá del Estado Español” y que Europa legisle en contra de la fractura hidráulica  toda vez que la amenaza, a través de acuerdos como el CETA (el tratado de comercio con Canadá) deja abierta la posibilidad.

Entre las consecuencias ambientales que se le conocen al fracking destaca la contaminación de las aguas subterráneas a causa de las sustancias químicas utilizadas en el proceso de fractura hidráulica. El fracking, tal y como ha señalado Rebeca Cañavate, plataforma FAO Campos de Hellín y Tobarra Libres de Fracking, no sólo tiene efectos ambientales, “que los hay”, sino que a“fectará también a las Denominaciones de Origen como la D.O Vino de Jumilla, y la D.O. Pera de Jumilla, además de la del Arroz de Calasparra”, de las que viven muchos agricultores y empresas agroalimentarias de toda la zona. Además, insiste en que se sabe que “allá donde ha llegado al fracking los terrenos han quedado devastados”.