Cómo combatir el cambio climático desde los planes de vivienda: así proponen que lo haga Castilla-La Mancha

Mientras que el anteproyecto de Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha sigue aparcado sin que se sepa gran cosa de su desarrollo tras redactarse durante la pasada legislatura y retomarse antes de la pandemia de COVID-19, el Gobierno regional ha decidido poner en marcha un nuevo Plan regional de Vivienda para el periodo 2022-2025. Lo ha sometido a consulta pública previa para recibir las primeras aportaciones y por el momento no hay concreción de su contenido, pero algunos colectivos ya han realizado sus propuestas. El más llamativo es el realizado por la Plataforma de Edificación Passivhause (PEP), que ha plasmado su decálogo de máxima eficiencia energética y lucha contra el cambio climático desde las políticas de vivienda, para su incorporación al plan castellanomanchego. 

En el documento inicial de la consulta pública, el Gobierno de Castilla-La Mancha tan solo avanza que este Plan de Vivienda impulsará políticas públicas que den respuesta a las necesidades de la región en concordancia con el plan estatal. Añade que se realizará con el análisis y diagnóstico de la situación de la vivienda en la comunidad autónoma, atendiendo a las necesidades de su población, al presentar “particularidades territoriales” que le son propias, tales como sus niveles de renta, estructura demográfica, tamaño de los núcleos de población o estado de conservación del parque inmobiliario. 

Desde la Plataforma PEP, asociación sin ánimo de lucro que promueve la construcción eficiente desde hace 13 años, defienden que en esta futura planificación se implante el estándar ‘passivhaus’, que es el que certifica la alta eficiencia energética, o lo que es lo mismo, conseguir la mínima demanda energética posible al mismo tiempo que se consigue una alta calidad de ambiente interior. 

El colectivo explica que no se trata de una marca comercial, sino de un estándar de construcción. Es de carácter prestacional (al igual que el Código Técnico de la Edificación). Es decir, define prestaciones, unos límites que deben cumplir los edificios sin restringir el uso de ningún material, producto o sistema determinado, pero sí identificando principios básicos para lograrlo. Además, es de libre disposición y tiene asociada una certificación de calidad, que es “la única garantía real de que se cumplen y respetan todos los requisitos prestacionales que establece”. 

En el caso concreto de Castilla-La Mancha, esta asociación cree que el estándar ‘passivhaus’ tiene “mucho que aportar” con varios objetivos como el impulso de la calidad de la arquitectura y por tanto, de la calidad de vida; poner en valor la arquitectura como elemento unido al paisaje y al patrimonio; facilitar la habitabilidad y la rehabilitación de viviendas; contribuir a desarrollar el potencial de crecimiento económico y de empleo; y fomentar la enseñanza y la divulgación sobre la arquitectura como bien de interés general y social que incide en la cohesión social y la sostenibilidad ambiental. 

Una rehabilitación energética “coherente”

Sus propuestas se centran primero en la “rehabilitación energética coherente”. Considera que mejorar los niveles de eficiencia energética del parque inmobiliario existente pasa necesariamente por la rehabilitación energética de los edificios. “Debe priorizarse siempre la parte pasiva de los edificios, que en primera instancia reduce la demanda energética de los mismos, atajando el problema de base, y solo en caso de no existir capacidad de mejora en este sentido, proceder con sustitución de equipos e instalaciones y la incorporación de generación de energía renovable in situ”. 

También resalta la importancia de la auditorías energéticas, como paso previo para cualquier plan o proyecto de rehabilitación energética, de tal forma que se pueda establecer con claridad el estado actual del que se parte y tener un punto de partida para definir la mejor ruta de actuación. 

Y además, pide planeamientos para la adaptación al cambio climático, detallando herramientas como utilizar datos climáticos de las últimas tres décadas a la hora de calcular un edificio, tanto de obra nueva como de rehabilitación. Explica que un edificio calculado para ofrecer un determinado rendimiento energético durante los 50 años de vida útil, se supone que debería considerar que la climatología a la que se enfrentará en el futuro es distinta de la que afronta en el presente y por supuesto de la que se ha registrado en el pasado. 

La lucha contra la pobreza energética y la contratación pública verde es otra recomendación de la PEP, así como la movilización de recursos públicos destinados a la lucha contra el cambio climático. “Proponemos incluir condiciones y mención expresa a la Financiación Verde tanto pública como privada. Se deben crear nuevas fórmulas y condicionantes que premien aquellas iniciativas que persigan objetivos mayores que los de los mínimos reglamentarios. Por ejemplo, esta financiación podría contar con mayores tramos disponibles para aquellos territorios que implementen planes de edificación o rehabilitación bajo los mayores estándares constructivos de eficiencia energética, y de alguna manera eso debería servir también como aval para condiciones de financiación privada favorable”, concluye en su documento de propuestas.