El comercio justo es un sistema comercial solidario y alternativo al convencional que persigue el desarrollo de los pueblos y la lucha contra la pobreza. En los últimos años ha derivado en otras experiencias como la economía social y solidaria y las cooperativas de consumo, pero mantiene los mismos objetivos: la adquisición de productos que no se deriven de condiciones laborales y salarios de explotación, ni de la explotación infantil, y que sean respetuosos con el medio ambiente. En Castilla-La Mancha, son numerosas las iniciativas existentes, sobre todo a nivel local y comarcal, y por primera vez tendrán representación exclusiva en el Consejo regional de Consumo.
Se trata de uno los objetivos marcados en el nuevo decreto para la creación de este organismo que se derivará a su vez de la nueva Ley de Consumo que prepara la Administración castellano-manchega. El Ejecutivo considera que en los últimos diez años se han producido importantes cambios en el mundo asociativo que aunque se han plasmado en el Registro de Organizaciones de Consumidores y Usuarios de Castilla-La Mancha, necesitan un nuevo impulso.
El nuevo consejo busca también racionalizar y articular el movimiento asociativo de la comunidad autónoma en sintonía con los objetivos de las instituciones de la Unión Europea, en sectores tan “poderosos” desde el punto de vista del consumidor, como puede ser el de la banca. En este punto, el borrador establece la importancia de fenómenos como el del comercio justo, que “por su actividad merece el poder tener una representación”.
Representación por vocalías
El Consejo Regional de Consumo se constituirá así como órgano colegiado de carácter consultivo para hacer efectivo el derecho de participación, representación y consulta en el marco de las políticas de consumo previstas en la normativa vigente. Para actualizar el mencionado registro existente hasta ahora, se renovará toda su composición: estará formado por la Presidencia, la Vicepresidencia y las Vocalías, estas últimas la que albergan toda la representatividad social. Así, se reservan cuatro miembros para las organizaciones de consumidores y usuarios, y un miembro para cada uno de otra docena de colectivos: cooperativas de consumo, cámaras de comercio, sindicatos, asociaciones de vecinos, federación de municipios, comercio justo, mujer, turismo, industrias agroalimentarias, turismo, medio ambiente, vivienda, familias, personas mayores y juventud, entre otros
Igualmente, el Consejo reservará un cupo para colectivos que requieran especial protección: uno que corresponderá a las organizaciones de personas con discapacidad; uno a las organizaciones de personas mayores; uno a las organizaciones de protección de los derechos de niñas y niños; y dos a las organizaciones representativas de otros colectivos que se encuentren en situación de “inferioridad, subordinación, indefensión o desprotección, como las personas inmigrantes y otras en proceso de inserción a la sociedad o en riesgo de marginación o exclusión social o económica”.
Se da la circunstancia de que el director general de Salud Pública y Consumo, Manuel Tordera, ha mantenido recientemente una reunión con el coordinador del Área de Acción Social, Cooperación y Comunicación de la cooperativa de Comercio Justo IDEAS, David Comet, con objeto de abrir vías de colaboración para poner en marcha iniciativas conjuntas en el ámbito del consumo solidario y el comercio justo.
Al respecto, Tordera ha manifestado el objetivo del Ejecutivo castellano-manchego de “recuperar las políticas de consumo responsable y economía solidaria” que durante años se vinieron desarrollando en la región hasta llegar a constituirse como la comunidad autónoma “de referencia en la materia”.
En este sentido, durante el transcurso de la reunión se abordaron los programas de Ciudades por el Comercio Justo y de Universidades y Centro Educativos por el Comercio Justo, con la intención de promover la participación en Castilla-La Mancha. Asimismo, también se valoraron propuestas relativas a la compra pública ética y a la promoción de los productos de comercio justo en entornos institucionales, además de la planificación de campañas de difusión y sensibilización sobre consumo responsable.
En el conjunto de iniciativas a desarrollar también se contemplan otras de carácter más innovador y cuya incorporación a las políticas regionales de consumo conferiría a estas mayor relevancia en el mapa autonómico. Entre dichas iniciativas, se encuentran las relacionadas con la banca ética, las inversiones socialmente responsables, los bancos de tiempo, los mercados sociales o la movilidad sostenible.