La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) comenzaba este miércoles los trabajos para retirar los restos de fibrocemento en el arroyo Ramabujas de Toledo, en el barrio de Santa María de Benquerencia. Los técnicos han acordonado la zona en la que se realiza el proceso, que hoy continúa, y se ha instalado una caseta descontaminante en la zona para los trabajadores especializados que realizan la tarea con equipos especiales, según ha informado el organismo a través de las redes sociales.
Los trabajos se prolongarán durante una semana, según fuentes de la CHT, para retirar 41 toneladas de residuos en un proceso que costará 16.639 euros. Un coste que será repercutido a los propietarios de la parcela en la que se encuentra el cauce del arroyo.
Una empresa pública asesorará a la Comisión
Mientras, desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha dicho que el Ayuntamiento de Toledo “acierta” al colaborar con la Junta en una comisión “técnica, en la que hay técnicos que saben y van a decidir lo que hacer con el amianto ” porque, asegura, la retirada del amianto “no se debe politizar” ya que sería “un grave error”.
Se ha referido a la decisión tomada este miércoles en el seno de esta comisión para que sea la Empresa para la Gestión de Residuos Industriales, S.A (EMGRISA), dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la que se ocupe del estudio previo y oriente a la propia comisión técnica sobre las decisiones futuras. Martínez Arroyo ha dicho que el Consistorio contará con el “asesoramiento” del Gobierno regional para todo el proceso.
Con respecto a la parcela propiedad de la Junta (en concreto de Gicaman), sobre la que se proyectó el Barrio Avanzado de Toledo, el consejero ha dicho que la retirada de los residuos es “inminente”, aunque no ha dado fecha. Hay que recordar que hace una semana el delegado de la Junta en Toledo, Javier Nicolás, hablaba en los mismos términos, aunque de momento no hay movimiento. “Estará resuelto en unos días”, insistía Martínez Arroyo.
En cuanto a los restos que permanecen en parcelas privadas, el consejero ha explicado que ya se ha iniciado un proceso sancionador contra los propietarios que todavía no han procedido a retirar el amianto. Ha lanzado también un mensaje de tranquilidad y de advertencia. “No creemos alarma a los ciudadanos porque pueden pensar que el riesgo de contaminación en la zona colindante es extremo a raíz de comentarios de algunas fuerzas políticas y eso una irresponsabilidad absoluta”. Se trata, insistía, de “poner soluciones” y “esperar al informe técnico para proponer soluciones”.