Un grupo de delegadas y delegados sindicales de CCOO en las residencias de mayores de Cuenca se han concentrado esta este miércoles ante la Delegación de Bienestar Social en Cuenca para reclamar el desbloqueo del Convenio Estatal de la Dependencia, de aplicación en la comunidad autónoma y pendiente de negociación desde 2019.
La movilización de hoy, que tendrá continuidad en todas las provincias de la región a lo largo del otoño, se enmarca en la campaña que está desarrollando en toda España la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO para exigir a las empresas y patronales del sector “un convenio digno para un sector esencial”.
En Castilla-La Mancha se añaden además reivindicaciones dirigidas a la Administración autonómica, a la que CCOO reclama una mejor financiación del sector de atención a la dependencia gestionado a través de empresas privadas.
El sindicato reclama a la Consejería de Bienestar Social la modificación de la normativa que establece los requisitos mínimos que se exigen a las residencias de mayores; la mejora de las ratios de profesionales en función de las personas usuarias a las que prestan servicio; y un incremento sustancial del precio de las plazas concertadas.
A este respecto, la secretaria general de CCOO-FSS en Castilla-La Mancha, Chelo Cuadra, que se sumó a la concentración de hoy junto con el responsable provincial del sector sociosanitario de CCOO-FSS, Javier Cañamares, recordó que la región mantiene los mismos precios desde hace seis años y señaló que “la Comunidad de Madrid lo acaba de aumentar un 34%. Tenían el precio de una plaza de grado tres de dependencia en 54 euros y lo han aumentado a 74. Mientras que en Castilla-La Mancha el borrador que tiene nuestro Gobierno contempla un aumento que no llega al tres por ciento, menos de tres euros por plaza y día”.
El convenio afecta a 15.000 personas, la mayoría mujeres
En cuanto al convenio colectivo estatal de la dependencia, indicó que en Castilla-La Mancha afecta a unas 15.000 personas, muy mayoritariamente mujeres, que trabajan en las aproximadamente 300 residencias y centros de mayores de gestión privada, así como en el servicio de Teleasistencia, y denuncio que “las patronales mantienen prácticamente congeladas las tablas salariales desde hace diez años”.
“La mayoría de las personas que trabajan en el sector, con la categoría profesional de gerocultoras, no ganan ni mil euros brutos al mes. Una enfermera, 1.347. Un médico, 1.539. Otros colectivos profesionales ni siquiera llegan al SMI actual. Y las condiciones laborales, ya de por sí penosas y agravadas por la pandemia, son más que mejorables”.