El Juzgado de Instrucción número 6 de Toledo ha puesto fin a uno de los conflictos derivados de las obras del nuevo Hospital de Toledo y que se remonta a marzo de 2011. Ha condenado al aparejador Enrique Gil Rodríguez a indemnizar por daños y perjuicios al Taller de Arquitectura Sánchez Horneros (TASH) para el que trabajó, hasta que fue apartado, cuando esta firma se hizo cargo de la dirección facultativa de las obras del centro hospitalario. El aparejador llegó a hablar de presunta malversación de fondos que achacaba a los arquitectos y que dio pie a que el SESCAM, meses después y durante el Gobierno de María Dolores de Cospedal, anunciase su intención de revisar esas posibles irregularidades.
Ahora, el juzgado toledano le ha condenado a que abone, en concepto de indemnización por daños y perjuicios causados a los arquitectos, la cantidad de 86.303 euros, más los intereses legales de dicha cantidad y las costas devengadas.
Según la sentencia, derivada del juicio celebrado el pasado 29 de noviembre, rige el contrato firmado entre el taller de arquitectos y el aparejador ahora condenado, donde se incluía una cláusula que estipulaba que los arquitectos técnicos mantendrían en todo momento confidencialidad sobre cualquier información o documentación que se intercambiaran con ocasión de las actividades realizadas al amparo de ese contrato, sin poder proporcionar a terceros dato alguno de los mismos sin consentimiento del taller.
No obstante, agrega el juez, el aparejador “obvió” estas obligaciones y remitió dos escritos a la entidad Servicios Hospitalarios Generales (SHG) poniendo en conocimiento de los dueños de la obra “determinadas irregularidades administrativas e incluso penales muy graves sobre alteración de precios contradictorios e incumplimientos en las obligaciones contractuales”. Este motivo llevó a SGH a pedir explicaciones al taller de arquitectos y a advertirles de la posibilidad de rescindir el contrato para el Hospital.
El auto inicial del juzgado fue recurrido por Enrique Gil, quien alegó que en su condición de Director de Ejecución de Obras, se limitó a “dirigir expresas comunicaciones” a SHG en las que ponía en su conocimiento lo que, a su entender, eran “una serie de irregularidades técnicas en el complejo proceso constructivo; ”llegando a mencionar, todo lo más, la posible existencia de una presunta malversación“. El aparejador también puso en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Toledo, en octubre de 2013, un escrito con la disparidad existente en el proyecto presentado y registrado ante SHG para el Pabellón Técnico de Obras.
Por su parte, el estudio de arquitectura TASH trató de defender su actuación antes los responsables administrativos, y señaló que las modificaciones y precios que a Gil le parecían injustificados habían recibido su visto bueno como aparejador. Ello no impidió que el Gobierno castellano-manchego de entonces materializase su intención de rescindir el contrato tanto con las constructoras en enero del año siguiente, como con los arquitectos en marzo, provocando la paralización de la obra.