La Consejería de Educación, Cultura y Deportes quiere saber la opinión ciudadana sobre cuál debe ser el modelo de orientación educativa en Castilla-La Mancha.
Con este objetivo ha lanzado una consulta pública sobre el proyecto de decreto por el que se quiere regula la orientación académica, educativa y profesional y se pide la colaboración de asociaciones, organizaciones y ciudadanos particulares antes de que se inicie la redacción del texto que pretende, además de la regulación normativa, la creación de la red de asesoramiento y apoyo a la orientación, convivencia e inclusión educativa en la comunidad autónoma.
La consulta pública buscar recabar la opinión de los colectivos afectados por la futura norma en torno a los problemas que se pretenden solucionar, sobre la “necesidad y oportunidad” de aprobarla y sobre los objetivos que debe cumplir.
También se consulta sobre posibles soluciones alternativas aunque, de entrada, el Gobierno regional descarta mantener la norma actual o no regular porque considera que se “aminoraría” el potencial normativo que permite profundizar en la mejora de la calidad de la educación de la comunidad y avanzar “desde la corresponsabilidad compartida”, en la creación de entornos educativos inclusivos para todo el alumnado.
Para el Gobierno castellanomanchego, el cambio responde al nuevo marco normativo del Decreto 85/2018 de 20 de noviembre que regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Y en este sentido, explica la Consejería “se pasa de un enfoque de atención especializada a las necesidades educativas del alumnado por parte de los equipos de Orientación y Apoyo o los departamentos de Orientación de los centros educativos” a un “enfoque social centrado en la identificación de potencialidades para que todo el alumnado desarrolle al máximo sus talentos, mediante la detección y superación de las barreras al aprendizaje y la participación que puede presentar el contexto educativo y social”.
Un cambio que, dice el departamento de Educación, “está en consonancia con las convenciones y tratados suscritos por el Estado español” y que necesita un decreto para actualizar estructuras y organización.
Las propuestas pueden enviarse hasta el 29 de junio al correo electrónico inclusionyconvivencia@jccm.es.
“Se trata de trabajar todos juntos para hacer un decreto que queremos que sea aprobado, cuando llegue el momento, con el mayor nivel de consenso posible”, ha indicado la consejera, Rosa Ana Rodríguez.