El alcalde de Alcázar de San Juan, el “popular” Diego Ortega, anunció hace un mes que el Ayuntamiento retomaría el proyecto de convertir la sociedad municipal “Aguas de Alcázar” en una empresa mixta, tras conocerse la anulación por el Tribunal central de recursos contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, del procedimiento abierto con ese fin.
Este Tribunal acordó la anulación por entender, entre otras razones, que no se había acreditado la solvencia de los socios privados seleccionados para constituir una nueva empresa por medio de la enajenación parcial de las acciones de la sociedad municipal.
Sin embargo Ortega interpretó que la anulación obedecía a razones meramente “formales” que dijo trataría de solventar corrigiendo los pliegos de contratación y abriendo un nuevo procedimiento. Eso es lo que se propone con la convocatoria este próximo miércoles a las 8 h. de la mañana de un Pleno Extraordinario del Ayuntamiento en el que por vía de urgencia pretende aprobar, con los votos del PP y de Ciudadanos por Alcázar, un nuevo concurso para seleccionar un socio privado con el que constituir una nueva sociedad mixta que gestione el servicio de aguas.
La Plataforma Ciudadana que se opone a la privatización ya ha anunciado que estará presente en el Pleno y hará valer lo que consideran que es la voluntad mayoritaria de la población manifestada en una reciente consulta ciudadana convocada por esta organización, y aseguran que continuarán con sus movilizaciones.
Por su parte Rosa Melchor, portavoz del Psoe en el Ayuntamiento y firmante del recurso que logró la anulación del anterior procedimiento, cree “asombroso que vuelvan otra vez a empezar como empezaron la otra vez. Una cosa tan urgente en medio de una campaña electoral, nos parece mal que vuelvan a intentarlo”. Para Melchor ha quedado claro que “la inmensa mayoría de la gente no quiere y por ello seguiremos trabajando en la misma línea que hemos trabajado estos meses, examinando los pliegos y si cometen otro error, volveremos a llevarlo a los tribunales.”
Inviabilidad de la empresa mixta
Con la entrada en vigor de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la conocida como “reforma local”, no parece viable la fórmula que pretende el gobierno municipal de Alcázar, que sí lo era antes del 31 de diciembre de 2013.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha publicado una “Nota explicativa de la reforma local” en su web. En la página 13 de esta guía se hace referencia a las entidades directamente dependientes de “segundo nivel” y en cuanto a futuros proyectos de constitución se dice textualmente: “La norma establece como regla taxativa, de carácter general, que los organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes que estén adscritos, vinculados o sean dependientes, a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a cualquiera de las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley [Municipio, Provincia e Isla] o de sus organismos autónomos, no podrán constituir, participar en la constitución ni adquirir nuevos entes de cualquier tipología, independientemente de su clasificación sectorial en términos de contabilidad nacional.”
Y para mayor claridad continúa: “en consecuencia, queda vedada la constitución de entidades dependientes de otras dependientes directamente de las entidades locales, con independencia de la situación financiera de estas últimas y de la clasificación institucional de las primeras.”
Sin embargo cuando desde eldiario.es/clm advertimos de esta circunstancia el alcalde Diego Ortega, en declaraciones a La Tribuna de Ciudad Real, reiteró su intención y dijo que Aguas de Alcázar «se convertirá en una empresa de capital mixto», al tiempo que sostuvo que la ley de racionalización y sostenibilidad local «no supone ningún problema» para esta conversión. Será por tanto el Ministerio o los Tribunales quienes aclaren definitivamente la cuestión.
Disolver o reflotar la sociedad
Si se confirmase que queda descartada la posibilidad de constituir una sociedad mixta a partir de la empresa municipal Aguas de Alcázar, la misma Ley 27/2013 obliga al Ayuntamiento de Alcázar a adoptar medidas inmediatas para corregir el desequilibrio financiero de la sociedad, que sirve de argumento para justificar la venta de acciones a un socio privado y constituir una nueva empresa. En concreto para este tipo de entidad, que desarrolla una actividad de abastecimiento de aguas, se da un plazo hasta el 31 de diciembre de 2015 para la corrección del desequilibrio y si no se ha logrado se debería proceder a la disolución automática a 1 de diciembre de 2016.
El desequilibrio financiero se identifica con la necesidad de financiación o con la existencia de resultados negativos de explotación en los dos últimos ejercicios contables consecutivos, como es el caso de Aguas de Alcázar, sobre todo por una deuda que mantiene con el propio Ayuntamiento, su propietario único.
Para corregir el desequilibrio la norma señala que el Ayuntamiento podrá realizar aportaciones patrimoniales o suscribir ampliaciones de capital siempre que en el ejercicio presupuestario anterior hubiera cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y su periodo medio de pago a proveedores no supere en más de treinta días el plazo establecido en la normativa de morosidad.