“No nos queda más remedio”. Precedido por esta frase, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que el Gobierno regional ha decidido decretar el confinamiento de sus más de 900 municipios, cerrar todos los bares y restaurantes y adelantar el toque de queda a las 22:00 horas, el máximo permitido por la Ley, aunque se ha mostrado partidario de modificar el decreto del estado de alarma para unificar los horarios en todo el país. La decisión de los cierres perimetrales, donde se exceptúan los movimientos por motivos de trabajo, formación (educación en todos los niveles) y servicios esenciales, la ha adoptado el Ejecutivo regional reunido con carácter extraordinario debido al exponencial repunte de los contagios de COVID-19 tras la Navidad. Las medidas entrarán en vigor a las 00.00 de esta misma noche y se revisarán dentro de 10 días.
García-Page ha reconocido que la situación actual en cuanto a la pandemia de coronavirus es tan grave “como en el primer momento”, aunque ha incidido en que Castilla-La Mancha tiene recursos para afrontarla y los hospitales se encuentran, en cuanto a capacidad asistencial, a una tercera parte de su ocupación con respecto a la primera ola. Pese a ello, ha pedido un “repliegue domiciliario” porque “ya no queda más remedio”.
Estas medidas endurecen todas las adoptadas la semana pasada que supusieron que las provincias de Toledo, Albacete y Ciudad Real entraran en nivel 3, esta última con la medida añadida del cierre perimetral de todos sus municipios. Ahora, serán las mismas restricciones para toda la región, tras meses de acciones con diferentes niveles de alarma por localidades.
García-Page ha detallado las medidas junto al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, insistiendo en varias ocasiones en que se trata de una decisión “inevitable” para “combatir la espiral de contagio que se ha producido a raíz de las fiestas navideñas” y con el objetivo de “salvar vidas”. “No son decisiones fáciles ni son bonitas. Son amargas. Todo lo que significa afectar a la vida cotidiana, afectar a los derechos esenciales que no nos cuestionamos en el día a día, es amargo. Lo último que me podría perdonar como presidente es, conociendo como conocemos los datos de crecimiento del virus, no adoptar medidas que por lo demás, cuando las hemos aplicado de manera local o zonal, han sido muy efectivas. Es decir, no tenemos más remedio, no hay alternativa, no tenemos otra opción”, ha subrayado.
De igual forma, el presidente de Castilla-La Mancha ha lamentado que las medidas puedan resultar “muy ingratas” porque solo es un pequeño porcentaje de personas el que no cumple con las medidas, pero también ha dejado claro que, llegados a este punto, se trata de un “problema de responsabilidad colectiva, de seguridad y supervivencia del conjunto frente a intereses muy concretos en los que no podamos ver afectados en nuestro día a día”.
Por todo ello, ha solicitado la “mayor comprensión” por parte de partidos políticos, instituciones y entidades públicas y privadas. “Si no cortamos el virus, no cortamos el virus, no atajamos la crisis económica, y por tanto no son debates contrapuestos”, ha avisado. De hecho, ha recordado que Castilla-La Mancha ha sido de las autonomías “más permeables”, de las que más han “escuchado y comprendido” las distintas sensibilidades por decisiones restrictivas, que tienen que ver con los horarios de hostelería. “Hemos estado en la banda más moderada, pero parece evidente que hoy no tenemos más opción”.
Apoya modificar el decreto de estado de alarma
En este sentido, también ha resaltado que está comprobado que las nuevas medidas han funcionado en aquellos municipios y áreas donde se han decretado. Y por eso ha deseado que, en general, todas las restricciones tengan “un razonable consenso en toda España” para que haya las mismas medidas en todos los sitios, con una “unidad de mensaje esencial para combatir el virus”. Es el motivo por que también se ha mostrado partidario de modificar el decreto del estado de alarma para unificar los horarios del toque de queda en todo el país.
Dicho esto, ha adelantado que, tras reunirse con la Delegación del Gobierno y con la Federación de Municipios y Provincias, se producirá un “despliegue” de la Policía Nacional, las policías locales, la Guardia Civil y de todas las administraciones para ayudar al “repliegue de la ciudadanía a un espacio domiciliario”, donde se exceptuará la educación, los motivos laborales y la educación en todos sus niveles. “Pedimos que la movilidad se restringa a lo mínimo indispensable”.
García-Page ha querido dejar claro que por el momento no hay colapso sanitario en la región, ya que los hospitales están a un tercio de su capacidad, pero “empezamos a notar la presión de una manera creciente” por lo que “mejor frenar a tiempo durante diez días que lamentarnos después durante meses. Y asimismo, ha defendido las medidas para mantener también operativo los sistemas de rastreo para la vigilancia epidemiológica. ”Se trata de darle tiempo a la vacuna, a la medicación y al sistema sanitario para atender no sólo el COVID, sino también a otros pacientes“.