Las Cortes regionales instan al Gobierno de Rajoy a “agilizar” el traslado de refugiados
Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado en la sesión de pleno una declaración institucional por la que instan al Gobierno nacional a “agilizar de manera significativa el proceso de traslado de personas refugiadas a España mediante su reubicación y reasentamiento”, así como a “cumplir con el plazo previsto los compromisos acordados con la Unión Europea de acoger a 17.337 personas”. Según ha afirmado la secretaria primera, Josefina Navarrete, hace más de un año de estos compromisos y “España ha acogido a 979 personas, una cifra muy lejana a las que el gobierno se comprometió a acoger”.
De esta manera, Navarrete señala que estamos “estamos asistiendo a una situación sin precedentes y ante la que es preciso que la comunidad internacional tome medidas urgente e inmediata y actúe en consecuencia”. Además, desde el Parlamento de Castilla-La Mancha destacan que a principios de 2016, “por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial”, el número de personas desplazadas de sus hogares como “consecuencia de los conflictos, la persecución y las violaciones de derechos humanos en sus países de origen ha superado los 65 millones según datos de Acnur”. Situación, que según Navarrete, “está poniendo al descubierto la incapacidad de la comunidad internacional para resolver y prevenir conflictos y situaciones de emergencia humanitaria”.
El pasado 22 de septiembre se cumplía un año desde que la Unión Europea acordase un mecanismo de reubicación de emergencia “para compartir la responsabilidad de quienes solicitan asilo”, subraya. Sin embargo, “decenas de miles de personas siguen atrapadas en campos de refugiados en condiciones deplorables”, añaden para justificar su declaración institucional.
Y por último, señalan el caso de España como el país que “se comprometió a reubicar a 15.888 personas procedentes de Grecia e Italia, de las que han llegado 745”. Por otra parte, han insistido que en el primer trimestre de 2016 de las 1.449 personas refugiadas que el Estado prometió asumir “solo han venido 289”.
