El 1 de junio de 2012 el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicaba la Ley 4/2012 que venía a “adecuar” la anterior ley electoral autonómica, aumentando el número de diputados que compondrían las Cortes de Castilla-La Mancha de los 49 actuales hasta los 53. La reforma se aprobó sólo con los votos del Partido Popular, puesto que el Psoe entendió que pretendía favorecer en el futuro los intereses del PP y por ello se abstuvo incluso de participar en la votación.
La nueva ley se aprobó tan solo un año después de que Mª Dolores de Cospedal accediese al gobierno regional y fue defendida por la propia presidenta en las Cortes con mucho convencimiento (todavía se puede encontrar alguna grabación de televisión en la red), utilizando los mismos argumentos que se reflejan en la propia exposición de motivos.
Esa ampliación de diputados buscaba “una Ley Electoral más democrática, más justa y que asegure un marco estable”, y para ello proponía un número de diputados “suficiente para cumplir los criterios de proporcionalidad y realizar de manera adecuada las funciones que están previstas”. Se decía además que la nueva composición era similar a los parlamentos de otras comunidades de similar población, como Castilla y León, o incluso se quedaba corto en relación a Extremadura. También se afirmaba que el aumento se realizaba “manteniendo un criterio de austeridad”, aunque por entonces todavía no se había adelantado la intención de suprimir el sueldo y la dedicación exclusiva de la mayoría de los diputados, que se puso en práctica en 2013.
En aquel momento quedó en evidencia que el interés del PP era corregir la distribución de diputados por provincia, a la vista de los recientes resultados electorales de 2011, para aumentar de una a tres las circunscripciones donde se elegía un número impar de parlamentarios y de esa forma garantizar que el partido más votado en la región gobernase, y evitar que un partido con menos votos totales llegase a gobernar si empataba con otro a diputados en las cuatro provincias pares pero ganaba en la impar (la “socialista” Ciudad Real).
Para conseguir ese objetivo hace dos años parece que no era importante el número total de diputados electos y se optó por ampliarlos dentro de la horquilla que permitía el Estatuto, es decir entre 47 y 59.
Cambio de criterio
Precisamente esta semana quedará aprobada la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha promovida por el PP, pero en esta ocasión para reducir la horquilla de composición de las Cortes, dejándola en un mínimo de 25 y un máximo de 35 parlamentarios. Curiósamente el argumento que se utiliza ahora es el que se daba por supuesto en 2012, el de la austeridad, y justamente cuando la mayoría de los diputados han dejado de cobrar de las Cortes, sobre todo los de la oposición.
Dos años ha tardado Cospedal y el PP en convencerse de que “la reducción de parlamentarios es una demanda abrumadora de la sociedad castellano-manchega”, como dice el Preámbulo de la reforma del Estatuto, pero ni se ha planteado que esa reducción vaya acompañada de una circunscripción única regional que garantizase que el voto de cada ciudadano valga lo mismo, viva donde viva, o que las opciones minoritarias pudieran acceder a la cámara.
El siguiente paso será una nueva modificación electoral que decida el número final de diputados autonómicos y su distribución por circunscripciones, aunque ya se sabe que se buscará sobre-representar a las menos pobladas, donde el PP tiene más tirón, y mantener el número impar de electos donde más interese. Todo atado y bien atado para evitar que una probable merma de votos del PP tenga reflejo proporcional en diputados o que la entrada de algún minoritario diese opción a gobiernos de coalición que aguasen la fiesta, aunque eso suponga que muchos ciudadanos queden sin representación. Menos diputados es menos democracia, pero al parecer los castellano-manchegos lo demandan y el PP es su intérprete. Ahora sí.