Durante el Gobierno de María Dolores de Cospedal, la empresa GICAMAN, con 2,4 millones de capital social, acumula exactamente 162.383.130 euros de resultado negativo, es decir, más de 162 millones de euros. Aunque el PP es muy crítico con el sector público empresarial, y de hecho ha liquidado algunas empresas, en este caso previó mantener su actividad y para 2015 en su presupuesto se espera una pérdida de “sólo” algo más de 9 millones de euros.
Pese a que otras empresas públicas y organismos dependientes de la Junta han sido liquidados durante la presente legislatura por el Gobierno del PP, GICAMAN se ha mantenido con mucha menor actividad que antes y una importante reducción de plantilla, aunque todavía cuenta con 32 trabajadores. En este periodo se ha dedicado a la gestión del parque de vivienda de su propiedad, en venta y alquiler, además de realizar obras puntuales por encargo de la Junta como carreteras o el nuevo remonte mecánico de Safont en Toledo, que no corren por su cuenta sino que se le pagan como subvención.
Tal como consta en la documentación contable que acompaña a su presupuesto para 2015, el pasado ejercicio 2014 la empresa cerró con una pérdida de 40.041.930 euros, aunque había previsto en su presupuesto que sería de 12.936.850 euros, es decir una desviación del 209,5% que cabe achacar a una menor cifra de negocios, casi 5 millones menos de lo presupuestado, pero sobre todo al deterioro de sus inversiones inmobiliarias que se han depreciado en 14.416.000 euros y a un resultado financiero que incluye deudas y provisiones por importe de 11.515.520 euros. No obstante el Gobierno de Cospedal no ha explicado esta desviación.
El ejercicio 2010 fue el último en el que GICAMAN obtuvo un resultado positivo, de algo más de 7 millones. Desde entonces acumula pérdidas año tras año. Así, en 2011 el informe final de la también suprimida por Cospedal Sindicatura de Cuentas arrojó un resultado negativo de 64.039.000 euros. Hay que tener en cuenta que en ese periodo se hizo cargo de la obra del Hospital de Toledo hasta la paralización de las obras y del coste de la liquidación de la UTE constructora. En 2012 el resultado fue de 33.171.670 euros de pérdidas y en 2013 de 25.130.530 euros, que cabe atribuir a la merma del negocio inmobiliario, a la ausencia de nuevos encargos de infraestructuras y en especial a la compra a sus promotores de las polémicas Viviendas de Iniciativa Público-Privada que éstos no lograron vender y que han pasado a formar parte de su propio parque de vivienda.