La educación pública se ha convertido en uno de los sectores más afectados por la incertidumbre ante el previsible cambio de Gobierno en Castilla-La Mancha. Al caos que durante el último mes, tras las elecciones autonómicas, ha protagonizado la organización de los horarios del próximo curso escolar, se suma ahora la aprobación del decreto del currículum de Secundaria y Bachillerato en aplicación de la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en Castilla-La Mancha. El Gobierno en funciones de María Dolores de Cospedal ha decidido publicarlo en el Diario Oficial pese a que el candidato socialista a la Presidencia, Emiliano García-Page, avanzó la semana pasada la paralización de esta norma en el caso de ser investido presidente, como está previsto, el próximo 1 de julio.
“Es vergonzoso y un acto de cinismo y prepotencia”, apuntan desde fuentes sindicales del sector educativo, que dicen que la comunidad educativa está “estupefacta” ante la publicación de un decreto “totalmente ideológico”. “Que esto se saque así, después de que Page anunciara su paralización, es absolutamente prepotente e indignante”, apuntan, opinando que es “solo una muestra más de estos cuatro años de legislatura, de gobernar a golpe de decreto, imponiéndonos sus normas y no escuchando a la comunidad educativa”.
Y es que la publicación del decreto, al que el Consejo de Gobierno dio el visto bueno el pasado lunes, conllevaría ahora la ejecución de una serie de órdenes que deben aprobarse para su aplicación. “¿Quién las va a aprobar, un Gobierno que está en contra de la Ley, con una comunidad educativa que está en contra, que no lo quiere así, y lo va a hacer en el mes de julio porque ya no queda más tiempo?”, se preguntan las fuentes consultadas.
Por eso confían en la palabra del líder regional socialista y prevén que el decreto sea derogado en cuanto tome posesión el nuevo Gobierno. “No sabemos cuántos días de duración va a tener, pero esperamos que se escuche a toda la comunidad educativa”. Los sindicatos también recuerdan que el proceso de matriculación en Secundaria se abre del 1 al 15 de julio, y que la “incertidumbre de los alumnos es total” ante el desconocimiento de la distribución final de las asignaturas.
Otra cuestión polémica es también la eliminación de las tutorías en 4º de la ESO, un curso clave para la orientación profesional de los alumnos hacia Bachillerato o Formación Profesional. Tanto las mesas sectoriales de los sindicatos de educación como varias asociaciones de padres elevaron su queja al Consejo Escolar cuando se conoció el borrador del currículum. No querían que esta medida se aplicara porque significaría dejar a los alumnos sin atención docente personalizada en el último curso de la educación obligatoria.
La polémica por las evaluaciones finales, las tutorías y la diversificación
Concretamente, el decreto apunta que la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria será “continua, formativa, integradora y diferenciada”; y que se establecerán medidas de refuerzo educativo, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado. Pero añade que al finalizar el cuarto curso de ESO, los alumnos realizarán una evaluación final individualizada por la opción de enseñanzas académicas o por la de enseñanzas aplicadas, en la que se comprobará el logro de los objetivos de la etapa y el grado de adquisición de las competencias correspondientes.
Detalla que podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos que hayan obtenido bien evaluación positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos materias siempre que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. La superación de esta evaluación requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.
Aunque la Consejería podrá establecer medidas de atención personalizada dirigidas a aquellos alumnos que, habiéndose presentado a la evaluación final, no la hayan superado, el hecho de que no haya tutorías y se implante este sistema no ha gustado ni a padres ni a profesores que han manifestado su rechazo en todas las mesas de educación celebradas con el ahora Gobierno saliente. Además, la comunidad educativa también denuncia que el programa de diversificación curricular no esté reflejado en decreto y se aplace para su desarrollo posterior, dejando en situación de desprotección a ese tipo de alumnado.