La decisión de Tribunal Constitucional de desestimar el recurso interpuesto por la oposición contra la reforma del Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha por la que, desde el 1 de enero de 2013, los parlamentarios autonómicos dejaron de percibir salario fijo, ha sido recibida con satisfacción en las filas del PP. Una vez más, los populares justifican la medida en el ahorro de dinero público y se ven reforzados en su intención de aprobar ahora una nueva ley electoral, previa modificación del Estatuto, que reduzca el número de los actuales 49 diputados. Reforma que desde la oposición parlamentaria y extraparlamentaria no dudan de calificar como “pucherazo” electoral, disfrazado de austeridad, y “vendido” con demagogia.
En este debate, y al margen de otras consideraciones políticas, puede ser de interés comparar los Presupuestos de la Cortes de Castilla-La Mancha de 2012, cuando todavía existía salario fijo de los diputados, y de 2014. Se constata una reducción en el actual de casi un millón de euros, un 11,78 % respecto de 2012 y esa diferencia se concentra como cabía suponer en el capítulo de personal, donde se registra una reducción de 1.376.000 euros, 25,57 % con relación a 2012, en parte compensada porque en el capítulo de bienes corrientes y servicios, por el contrario, se ha producido un incremento de 356.000 euros, un 13,47 %.
¿Cómo se explica?
En primer lugar los sueldos que percibían los diputados, que suponían 1.520.000 euros, se han reducido a 382.000. Pero no desaparece la partida, porque todavía siguen cobrando, por dedicación exclusiva, el Presidente y miembros de la Mesa de las Cortes, así como los portavoces. Por otra parte el capítulo de personal se reduce en 300.000 euros más, porque la plantilla presupuestaria ha pasado de 75 funcionarios, laborales y eventuales a 68 en el año en curso. En definitiva hay ahorro en personal pero porque la plantilla se reduce y no sólo por la eliminación de dedicaciones exclusivas, algunas de las cuales siguen existiendo.
Como, en lugar de salario fijo se ha optado por abonar dietas e indemnizaciones a los diputados se observa que estas partidas, incluidas en el capítulo de bienes y servicios, se han incrementado en el presupuesto de 2014 respecto a 2012 en 390.000 euros. Es decir que esta última cantidad debe restarse del ahorro en sueldos de diputados (1.138.000 euros) para saber exactamente cuál ha sido el ahorro real de su supresión: 748.000 euros en total.
Esa cantidad sumada a la reducción de personal nos da el dato inicial del millón ahorrado, porque el otro gran capítulo, el de transferencias, prácticamente permanece invariable con aportaciones a la Radiotelevisión regional, a la Universidad de Castilla-La Mancha y tres cuartas partes del total a subvenciones a los grupos políticos. Si, como parece, el número de diputados con la reforma electoral prevista queda en 33 en lugar de los 49 actuales es previsible que la cuantía de las indemnizaciones se reduzca en igual proporción pasando de 1.140.000 euros a 763.800.
¿Ahorro real?
La eliminación de (casi todas) las dedicaciones exclusivas y el salario fijo ha supuesto por lo tanto un ahorro real de 748.000 euros anuales al presupuesto de las Cortes, lo cual no quiere decir que haya habido ahorro real de dinero público, porque algunos de los diputados regionales han optado por obtener su remuneración en otras administraciones. Es el caso de cinco diputados del PP que se han asignado sueldo en sus respectivos ayuntamientos, de forma que el grupo parlamentario del Gobierno ha sido el menos afectado, si sumamos otros cuatro de sus diputados que permanecen con sueldo, o los cinco que son Consejeros del Gobierno. Los once restantes se supone que no perciben remuneración pública más allá de la indemnización y dietas de asistencia a comisiones y plenos en las Cortes.
Finalmente, y por tener un elemento de comparación, es importante recordar que el Gobierno de Cospedal gastará en sueldos de 149 altos cargos y asesores 7,32 millones de euros según el Presupuesto de la Junta en 2014, para remunerar 65 consejeros, viceconsejeros, secretarios generales y directores generales y 84 trabajadores eventuales de las Consejerías, cargos políticos al fin y al cabo. Es decir, diez veces lo que se ahorra en sueldos de diputados.
Sólo la Presidenta y su Consejería de Presidencia gastan en 77 altos cargos y personal eventual en puestos de confianza, ocupados mediante libre designación, más de 3,25 millones de euros anuales, en un Gobierno que presume de austeridad y de gastar menos “en políticos”.