CSI-F advierte de la pérdida de cerca de 20.000 empleados públicos desde 2011

57,98 empleados públicos por cada mil habitantes. Esta es la tasa de funcionarios que existe en Castilla-La Mancha, lo que la convierte en la novena región con más empleados de este tipo, después de Melilla, Ceuta, Extremadura, Castilla y León, Aragón, Madrid, Cantabria y Canarias. Así lo señala el sindicato C-SIF, a través del estudio 'Radiografía del Empleo Público en España' publicado por el profesor Juan Manuel Ruiz Galdón en el Instituto de Estudios Fiscales.

Dicho documento recoge datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas hasta julio de 2015 señala que Cuenca es la provincia con más empleados públicos por mil habitantes con 60,83, seguida por Albacete, 60,49, Ciudad Real, 60,33 y Toledo con 57,31. Sólo Guadalajara se encuentra por debajo de la media nacional con una tasa de 48,82 empleados públicos por mil habitantes.

Por sectores, en Sanidad la región cuenta con 24.547 profesionales, lo que implica una tasa de 11,92 por cada mil castellano-manchegos. La región se encuentra así por encima de la media nacional, que es de un 10,35 y también por encima de otras Comunidades como Madrid, Valencia o Andalucía. Por otra parte, en Educación, la región sólo llega a una tasa del 13,35, mientras que la media nacional es del 14,46.

“Importante merma” en el colectivo

La organización ha destacado que este estudio revela la importancia que tienen los empleados públicos en el funcionamiento de Castilla-La Mancha, señalando que son “fundamentales” para garantizar la defensa de los derechos constitucionales y el mantenimiento del estado del bienestar.

Sin embargo, el sindicato ha señalado que el colectivo ha sufrido una “importante merma” en la región, ya que se han perdido 19.500 trabajos entre 2011 y 2015, pasando de 169.700 empleados públicos a los actuales 150.200, según lo señala la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2016. Por otra parte, CSI-F ha resaltado que el sector sufre de “maltrato” por parte de las autoridades, con devaluación salarial y recorte de derechos.