El Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó recientemente un decreto, con un fondo de más de 300.000 euros, para apoyar a las mujeres en situación de prostitución y a las víctimas de trata que se hayan visto afectadas por la crisis sanitaria de la COVID-19. El objetivo es proporcionar información y asesoramiento en materia social, sanitaria, formativa y laboral, ayudando así a promocionar su autonomía a través de la cobertura de sus necesidades básicas de subsistencia.
Cinco entidades especializadas de la región trabajarán en conjunto para llevar a cabo estos objetivos. En palabras de la consejera de Igualdad y portavoz regional, Blanca Fernández: “Estamos hablando de mujeres en una situación de gran vulnerabilidad a las que el confinamiento ha afectado muy duramente. Unas han visto como crecía su deuda y con ello su dependencia de las redes que las explotan; otras han sido expulsadas de sus lugares de residencia y también se han detectado situaciones de carencia de recursos para atender las necesidades más elementales. De ahí la importancia de este decreto”.
Médicos del Mundo, la Asociación In Género, la Fundación Cruz Blanca, APLEC Inclusión + Igualdad, y la Fundación Atenea serán las encargadas de poner en marcha y coordinar el proyecto, en colaboración con los servicios sociales y las Delegaciones de Igualdad. Las actuaciones subvencionables incluyen, entre otros la valoración de la situación económica y social de las mujeres, así como la detección de las situcaiones de “extrema y urgente necesidad”. Las entidades deberán también proponer un plan de intervención en el que se recojan las necesidades detectadas y las ayudas establecidas para facilitar la salida de la situación de explotación sexual en la que se encuentran las mujeres.
Sin necesidades básicas
“Llevamos mucho tiempo en este trabajo, y con la situación de la pandemia hemos visto que la situación de estas mujeres es de mayor vulnerabilidad. Muchas de ellas no han podido cubrir sus necesidades básicas como la alimentación o la vivienda”, explica Idoia Ugarte, vicepresidenta de Médicos del Mundo Castilla-La Mancha. Ugarte valora especialmente que las ayudas se enmarquen dentro de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género, ya que es una manera de visibilizar el posicionamiento autonómico “a la hora de considerar la explotación sexual como violencia de género”. “Es un matiz muy importante”, señala.
De todos modos, explica que es una ayuda “muy puntual”, a pesar de lo necesaria, pero que debe funcionar de manera “complementaria” a otro tipo de medidas que deben venir a “medio plazo”, especialmente considerando el énfasis en la inclusión sociolaboral de estas mujeres. “El compromiso del Gobierno va también a implementar unas políticas que faciliten que las mujeres se puedan incorporar al trabajo”, recalca.
Actualmente, indica, las necesidades que se deben cubrir son las básicas: “No tienen dinero para comer o para pagar el alquiler, las habitaciones o pisos en los que están”. Además, entra también el factor de que estas mujeres suelen apoyar económicamente a su familia y no han podido enviar dinero. “La crisis ha generado una situación de estrés. Hay mujeres que han hecho lo que fuese por conseguir dinero”, recalca Ugarte, que enfatiza que existe un “plus de vulnerabilidad” en la situación ya de por sí crítica de las mujeres en situación de prostitución. “Es un paso más en el compromiso de la erradicación de la explotación sexual”, reflexiona Ugarte, que asegura que Médicos del Mundo estará “codo con codo”.
Mujeres “muy vulnerables”
La Fundación Atenea trabaja en intervención con mujeres que ejercen la prostitución desde 2010, y parte de un proyecto para reducir el daño entre las personas que consumen drogas. A partir de esa iniciativa, la Fundación detectó la realidad de las mujeres en situación de prostitución que la ejercen para poder consumir. El objetivo de la Fundación es poder acercar a las mujeres al sistema sanitario, del que están “muy alejadas”, debido a que no tienen la documentación necesaria o porque son consumidoras.
Entre las mujeres con las que trabajan, se encuentra incluso un grupo de entre 55 y 60 años, “sumamente excluidas”, así como mujeres transexuales o que consumen drogas. “Es una situación tan diversa, que se necesitan intervenciones muy específicas. Las entidades tenemos una preocupación muy grave, porque son mujeres muy vulnerables que se han quedado sin ingresos, y ya estaban en una situación altamente vulnerable”, explica Javier Romero.
Además, es daba la situación de que estas mujeres tenían “poca capacidad” para poder acceder a las ayudas formales que se pusieron a disposición de la población, incluyendo el Ingreso Mínimo Vital. “De ahí viene la idea que se materializa en este decreto”, señala, del que destaca “viene de un trabajo muy estrecho entre la Administración y las entidades”. “Hay que recalcar que fueron muy permeables a nuestra preocupación”.
“Estas mujeres tienen una movilidad altísima y no saben dónde están empadronadas, por eso se valora esta ayuda específica que aporta dinero con requisitos muy sencillos, para que no haya exclusión por no tener residencia”, explica Romero. Aunque el decreto es un “complemento”, desde la Fundación Atenea valoran que gracias a él, se podrá “replantear” la situación de las mujeres y también para mejorar su integración. “La situación ha sido de subsistencia pura y dura, pero se han creado espacios de sororidad que sorprenderían a mucha gente”.
Un decreto “pionero”
“Es un decreto pionero en España”, asevera Joaquín Royo de APLEC Inclusión + Igualdad, una entidad que lleva “muchísimos años” trabajando con estas mujeres y, por lo tanto, saben que estas necesidades “siempre han estado ahí”. “Son personas muy vulnerables, con muy poco cuidado alimenticio porque todo lo que consiguen es para mandar a sus familias, son muy austeras en este tipo de cuestiones y no tienen ningún tipo de colchón de protección”. Durante los meses del estado de alarma se han encontrado con “necesidades de subsistencia muy graves”, por lo que enfocarán siu trabajo en alimentación, vestimenta, medicación, apoyo a hijos e hijas y también el alquiler.
Estas mujeres, explica, suelen tener una “doble vida” que supone una tensión diaria, en algo que “debemos recordar no es un trabajo, sino una explotación”. Durante los meses de confinamiento, recibieron muchos mensajes de inseguridad, de “muchísimo miedo, de incertidumbre e ignorancia. ”Al principio veían que aguantaban, pero rápidamente derivó en angustia y ansiedad“. Y es que ”finalmente, son carne que depende de los ingresos que se produzcan“.
Sin embargo, y de ahí recalca la importancia del decreto catellanomanchego, hubo mujeres que sí encontraron en la pandemia, el confinamiento y la crisis sanitaria un “punto de inflexión”, a pesar de no conocer otra manera de ganarse la vida. “En un 90%, todas empezaron siendo explotadas o tratadas. Hemos avanzado en la percepción sensibilidad, pero la mayoría sigue siendo maltratada y no conoce otra forma. Por eso no podemos dejar de trabajar en su inserción sociolaboral con los recursos de acogida”, reflexiona Arroyo.
“Oportunidad increíble”
Desde la Fundación Cruzblanca, que trabaja mayormente en Guadalajara, consideran la situación como una “oportunidad increíble” para conseguir dar un empujón a las mujeres en situación crítica. “El dinero se va a edstinar a ayudas alimentarias, al pago de alquileres, sí, pero también se ha logrado abrir un montón de perspectivas para seguir ayudándolas”, explica Andrea del Moral, técnica de intervención de la Fundación.
“Con el cierre de clubs, muchas mujeres se han trasladado a pisos particulares, y muchas se han negado a ejercer, pero han tenido que volver a ejercer, porque es el único ingreso que tienen y no cuentan con protección necesaria”, recalca del Moral. Por eso, consideran que el decreto puede suponer un “empujón” para salir de la prostitución, ya que la entidad se perocuparía de que el dinero no fuese, por ejemplo, nunca a habitaciones para ejercer, sino que sería una manera de fomentar que las mujeres puedan dar “un paso más allá”. “Lo vemos como una oportunidad, para que den la vuelta a su vida. Van a tener prioridad los casos con los que llevamos trabajando ya un tiempo”, asegura.
Gracias a este decreto, asegura Andrea, las entidades podrán realizar nuevos enfoques, como enseñar a mejorar la gestión del dinero, potenciar hábitos de vida saludables o, incluso, ayudar a mejorar la alimentación. “Todo esto es muy importante, porque potencia la autonomía de las chicas y les permite coger otros hábitos y rutinas”, recalca. “Nada las ampara. Por eso, que Castilla-La Mancha se haya atrevido a apostar por nuestras entidades, nos permitirá mejorar la coordinación de los recursos. Esto hace falta en otras comunidades también”.
“La situación ha sido catastrófica”
La prioridad absoluta es cubrir las necesidades básicas de las posibles víctimas de trata y las personas que ejercen la prostitución. Así lo sentencia Miguel Ángel del Olmo Morales, Director-Coordinador de la Asociación In Género, que señala que todas las necesidades de estas personas se han cubierto de manera “deficitaria”, con las ONGs “desbordadas” y llegando a “cuentagotas”. “Hablamos a veces de 15 euros a la semana por persona, algo ridículo y espantoso”, asegura.
Las deudas se han seguido generando, explica del Olmo, y por eso consideran que las ayudas deben llegar “ya”. Sólo In Género ha presentado ya 40 expedientes urgentes en la provincia de Ciudad Real y sigue pendiente de su resolución desde el 1 de junio.
“Ahora, el objetivo debe ser que las mujeres puedan dejar la prostitución, algo que consideramos muy importante y que llevamos reclamando durante años. No podemos seguir cuestionando la prostitución sin ofrecer alternativas, aunque éstas sean complejas debido a la falta de papeles o documentación. De ahí viene nuestra impotencia”, recalca el profesional.
Pero esto también les permita valorar más aún la “apuesta valiente” del Gobierno de Castilla-La Mancha al utilizar dinero del Pacto de Estado contra la violencia de género, teniendo en cuenta que hay otras regiones que “no han hecho nada”. “Llega un poco tarde, tendría que haber sido más ágil, sí, pero ha llegado”. No sólo las entidades reclaman una respuesta efectiva, también las mujeres, porque la situación ha sido, y está siendo, “dantesca”.
De todos modos, señala que todavía falta “más conocimiento” por parte del Instituto de la Mujer de lo que es la prostitución, en cuanto observan “pequeñas descompensaciones” que seguirán haciendo “patentes”. “Hemos sido líderes para que se haga esto, es una respuesta de emergencia y será difícil que la mujer abandone así la prostitución. Nos enfrentamos a muchos factores, porque también gira en torno a la inmigración, es un problema transversal”, concluye.