Rafael Mozo, presidente del Consejo General del Poder Judicial, calificado de “anomalía constitucional y democrática” la no renovación de este órgano, que se tenía que haber llevado a cabo hace cuatro años y medio, por lo que ha reclamado que después de las elecciones, en cuanto estén constituidas las cámaras, se produzca esta renovación para terminar “con un situación que está produciendo bastantes perjuicios, como las vacantes que hay en el Tribunal Supremo que no se han cubierto”.
El presidente del CGPJ ha hecho estas declaraciones antes de la inauguración de un curso en la Fundación Antonio Pérez de Cuenca sobre el funcionamiento anormal de la justicia en el que se abordarán durante tres días cuestiones como, por ejemplo, la responsabilidad patrimonial del Estado en estos casos.
Mozo ha recordado que el Estado responda por estos perjuicios a los ciudadanos es un derecho contemplado en la Constitución y que los jueces “somos independientes, pero también responsables y sometidos al imperio de la ley” y eso implica que las personas puedan reclamar indemnizaciones si consideran que se han visto perjudicados por el sistema judicial no ha operado como debía.
En esta acción formativa para jueces se han tratado supuestos como, por ejemplo, la prisión preventiva injusta de ciudadanos que se han visto privados de libertad y finalmente han sido absueltos.
Precisamente este curso se celebra en el marco de una huelga de jueces que está alterando el funcionamiento habitual del sistema.
Mozo ha explicado que “en este caso existe un conflicto derechos consagrados constitucionalmente: la tutela judicial efectiva y el derecho a huelga” y no se ha aventurado a explicar hasta qué punto está afectando esta protesta, pero sí que ha recordado que “uno de los motivos por los que un ciudadanos puede exigir indemnización al Estado es por las dilaciones indebidas”.
Más de 1.200 reclamaciones de responsabilidad patrimonial
En la jornada inaugural de este curso ha participado la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, quien ha subrayado que en este órgano consultivo del Gobierno “estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración institucional” que permita responder con mayor agilidad a los problemas ciudadanos.
Valerio ha destacado en su intervención que en el año 2022, de 2.118 expedientes que se tramitaron en el Consejo de Estado, más de 1.200 correspondieron a cuestiones relacionadas con reclamaciones de responsabilidad patrimonial a la administración, entre ellas algunas derivadas por el anormal funcionamiento de la justicia.